El presidente de la Comisión Gestora del PSOE en Argentina, Óscar González, reconoció públicamente que la conocida como Ley de Nietos tendrá consecuencias políticas, demográficas y electorales en España debido al elevado número de ciudadanos argentinos que están accediendo a la nacionalidad española al amparo de esta norma. Sus declaraciones contrastan con la postura mantenida hasta ahora por la dirección socialista, que siempre ha rechazado vincular la ley con posibles beneficios electorales.

Durante su intervención en diciembre de 2024 en el programa de Somos Radio, González recordó que la normativa aprobada en octubre de 2022 no se limita a los descendientes de exiliados por motivos políticos, sino que permite acceder a la nacionalidad a descendientes de españoles con un alcance mucho más amplio. El dirigente destacó especialmente el impacto que la medida estaba teniendo en Argentina, país que concentra el mayor volumen de solicitudes de ciudadanía española.

Según las estimaciones disponibles, cerca de un millón de argentinos han iniciado ya los trámites para obtener el pasaporte español, de los cuales alrededor de 650.000 corresponden únicamente al consulado de Buenos Aires. Desde septiembre de 2024, González dirige la Comisión Gestora del PSOE en Argentina, órgano encargado de coordinar la actividad del partido en el país y de impulsar la aplicación de esta normativa entre los descendientes de españoles.

El alcance real de la Ley de Nietos aumentó de forma significativa tras la instrucción firmada en octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. Ese documento amplió la interpretación de la ley y permitió solicitar la nacionalidad no solo a descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, sino también a familiares de emigrantes españoles que abandonaron el país por cualquier otro motivo.

Como consecuencia de esa interpretación administrativa, el número de expedientes creció muy por encima de las previsiones iniciales. Hasta la fecha se habrían registrado alrededor de 2,6 millones de solicitudes y más de medio millón de ellas ya habrían sido resueltas favorablemente. Precisamente esa instrucción ha dado lugar a la apertura de diligencias preliminares por parte de un juzgado de Madrid para investigar un posible delito de prevaricación atribuido a Sofía Puente.

La aplicación práctica de la norma también ha permitido la tramitación de expedientes correspondientes a bisnietos y tataranietos de emigrantes españoles, pese a que esos supuestos no aparecen expresamente recogidos en el texto legal. Asimismo, se han documentado casos de descendientes de personas que emigraron de España a finales del siglo XIX y actos colectivos de jura de nacionalidad en consulados con más de un millar de participantes, reflejo del volumen alcanzado por este proceso.

Paralelamente, el PSOE ha desarrollado una intensa actividad política en los países con mayor presencia de descendientes de españoles, especialmente en Argentina. En diferentes encuentros organizados en Buenos Aires, dirigentes socialistas defendieron la importancia del voto exterior y explicaron que el crecimiento del censo podía resultar determinante en provincias españolas donde las diferencias entre los principales partidos son reducidas.

Pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023, la entonces responsable del PSOE en el Exterior, Pilar Cancela, animó públicamente a los nuevos nacionalizados a participar en los comicios y respaldar al Partido Socialista, recordando que el derecho al voto había sido posible gracias a las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En los últimos procesos electorales celebrados en comunidades autónomas como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el PSOE obtuvo la victoria entre el electorado residente en el extranjero, pese a que el Partido Popular logró imponerse con claridad en el conjunto de esos territorios.

La evolución del censo electoral derivada de la Ley de Nietos también ha despertado el interés de la Junta Electoral Central. El organismo ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral un informe detallado sobre la aplicación de la norma y sobre el sistema de inscripción de los nuevos nacionalizados, especialmente en lo relativo al municipio español en el que quedan adscritos para ejercer el derecho al voto.