Así lo ha acordado Calama en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que indica que «la naturaleza» de los hechos investigados pueden ser «constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando», los mismos por los que investiga a Zapatero en una pieza separada de la causa.

Este extremo «revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde» a la Agencia Tributaria, abunda.

Por ello, Calama sitúa a Hacienda «como potencial perjudicada» y, por tanto, la ve legitimada «para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes».

LAS JOYAS FUERON TASADAS EN 1,3 MILLONES

La joyería Ansorena, a la que Calama solicitó una tasación, valoró en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en una caja fuerte del despacho de Zapatero.

Calama ordenó el análisis de las joyas para «determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición», así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque «otros datos analíticos de interés», agregó.

El juez encargó el trabajo a una joyería «previa prestación de juramento o promesa» y precisó que será documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, «con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia».

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a «regalos de viajes».

Por otro lado, rechaza que la empresa Softgestor pueda personarse en la causa «al no existir conexión material entre su posición procesal y lo