La democracia no se mide únicamente por el hecho de votar cada cuatro años. Tampoco por la existencia formal de una Constitución o de unas elecciones libres. La auténtica salud democrática de un país se comprueba cuando el poder es limitado, vigilado y controlado. Ahí entra el principio esencial sobre el que descansan las democracias modernas: el sacrosanto Principio de División de Poderes.

Desde la Transición española, España asumió el modelo clásico inspirado en Montesquieu, es decir, el poder ejecutivo gobierna, el poder legislativo controla y representa y un poder judicial independiente es el encargado de aplicar la ley, incluso contra quienes ostentan el poder político. Ese equilibrio no es una mera decoración. Estamos ante la única barrera real contra la arbitrariedad y el abuso de poder.

Cuando uno de esos poderes coloniza o condiciona a los demás, la democracia comienza a deteriorarse lentamente. Cuidado y atención porque esto no suele ocurrir de golpe. Los sistemas democráticos rara vez mueren con tanques y tiros en las calles. Lo hacen mediante la degradación institucional, el descrédito de los contrapoderes, la ocupación partidista de organismos independientes y la erosión cada vez mayor de la confianza ciudadana.

España vive hoy una situación especialmente delicada en ese sentido. La ciudadanía tiene la sensación creciente de que los mecanismos de control institucional se encuentran seriamente debilitados, sometidos a una presión constante por parte de la clase política. El Tribunal Constitucional es una prueba evidente de ello al actuar como tribunal de casación, algo que por ley no le corresponde.

El Parlamento ha perdido gran parte de su eficacia en cuanto a su función fiscalizadora, habiéndose convertido en una mera extensión de la disciplina de partido. Los organismos constitucionales están bloqueados y repartidos entre las formaciones políticas con representación en el Parlamento. Por otro lado la Justicia soporta campañas de presión, descrédito, deslegitimación o señalamiento como lawfare, que se traduce en español como guerra judicial o persecución judicial, cada vez que determinadas decisiones afectan a intereses políticos concretos de los partidos de izquierda y separatistas.

En este contexto, cualquier investigación o procedimiento que afecte a figuras relevantes del poder adquiere una dimensión histórica.

El llamado “caso Zapatero”, más allá de cuál sea finalmente su recorrido judicial y sus consecuencias penales, representa algo mucho más profundo. Estamos ante una prueba de resistencia para el sistema institucional español.

La cuestión no es únicamente si existen o no responsabilidades concretas. La verdadera pregunta sería si en verdad funcionan todavía los resortes de control del Estado de Derecho. ¿Puede el poder judicial actuar con independencia cuando lo investigado afecta al núcleo político del sistema? ¿Puede hacerlo sin presiones mediáticas, institucionales o partidistas? ¿Existe igualdad ante la ley o hay zonas inmunes a la acción de los tribunales encargados de instruir?

Ahí es donde se juega la credibilidad democrática de España. Porque las democracias maduras no se caracterizan por la ausencia de corrupción, escándalos o abusos. Ningún país está libre de ellos. Lo que diferencia a un Estado sólido de uno corrupto y degradado es la capacidad de sus instituciones para reaccionar. En una democracia sana, los controles funcionan aunque resulte incómodo. En un sistema debilitado, por el contrario, las instituciones dejan de fiscalizar al poder y pasan a protegerlo y ahí se encuentra el verdadero riesgo.

El concepto de “Estado fallido” suele asociarse a países sumidos en el caos, la violencia o el colapso económico. Pero existe otra forma más silenciosa de fracaso institucional y es aquella en la que las leyes siguen existiendo formalmente, pero han dejado de aplicarse con igualdad; aquella en la que los ciudadanos perciben que la justicia depende del peso político, mediático o ideológico de cada uno; aquella en la que el ciudadano corriente responde ante la ley mientras determinadas élites parecen vivir por encima de ella.

Cuando una sociedad pierde la confianza en la imparcialidad de sus instituciones, comienza la descomposición cívica. Y recuperar esa confianza resulta extremadamente difícil y España no está condenada a ese escenario, pero tampoco es inmune a él. Cuidado con ello.

La fortaleza democrática no depende de proclamas grandilocuentes ni de campañas institucionales sobre convivencia. Depende de algo mucho más sencillo: que los jueces puedan juzgar, que el Parlamento pueda controlar y que el Gobierno acepte límites reales a su poder.

La división de poderes no es un tecnicismo jurídico. Es la última línea de defensa de la libertad de los ciudadanos frente al poder político. Y cada generación tiene la obligación de protegerla.

Hoy, España vuelve a enfrentarse a esa prueba.