La escandalosa impunidad de Jordi Pujol: La Audiencia Nacional exime al ex presidente de Cataluña de declarar por su deterioro cognitivo
Jordi Pujol.
Resulta un hecho sin precedentes en nuestra reciente historia judicial que cuando estuvo en pleno uso de sus facultades mentales no fuese decretada ninguna medida cautelar relevante contra el jefe de un clan familiar calificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) como un “grupo organizado” dedicado a la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Lo inexplicable es que siendo tantas las evidencias de irregularidades, los jueces de la Audiencia Nacional fuesen incomprensiblemente prudentes a la hora de decretar medidas preventivas contra Pujol. Resulta extremadamente frustrante para la sociedad española contemplar un ejemplo de impunidad tan escandaloso.resulta extremadamente frustrante para la sociedad española contemplar un ejemplo de impunidad tan escandaloso. Ante una falta de explicación racional a lo extraordinario de esta situación, sólo nos cabe inferir que surtió efecto el chantaje que Jordi Pujol lanzó el día de su comparecencia el en el Parlament del 26 de septiembre de 2014. Entonces, el ex presidente de la Generalitat amenazó con tirar de la manta con unas palabras que dejan poco lugar a dudas: “Si vas segando la rama de un árbol, al final cae la rama… caerán todas”. En cualquier caso, resulta extremadamente frustrante para la sociedad española contemplar un ejemplo de impunidad tan escandaloso.
Pujol dispuso de un servicio de inteligencia conocido como los “Pata Negra” formado por ex agentes del entonces CESID que elaboraron informes durante años sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. La filtración de los dosieres haría tambalear lo que queda del Estado.
El Gobierno de Felipe González ya ordenó a los fiscales que dejaran en paz al molt honorable y maniobró para que se enterrara el caso Banca Catalana:
Piqué Vidal hizo una lista de los 41 magistrados de la Audiencia de Barcelona que tenían que decidir si procesaban o no a Pujol y visitó uno a uno a los que calculaba que estaban más dispuestos a dejarse convencer. Y a cada uno de ellos les hizo una oferta que no pudieron rechazar.
No una oferta genérica, sino perfectamente personalizada: ayudas al hijo yonqui, el puesto de trabajo de la esposa con problemas, cantidades económicas para las situaciones desesperadas, etcétera. Todo ello, naturalmente, con cargo al erario público. Un día antes de la votación, en 1986, Piqué Vidal estuvo en condiciones de anunciarle a Pujol: ‘Presidente, ganaréis por 33 a 8’, que fue exactamente el resultado de la votación del día siguiente”.
Se investigó las debilidades de los magistrados
Por supuesto que para llegar a cambiar la voluntad de 33 jueces hubo una minuciosa labor de inteligencia que investigó las debilidades de cada uno de los magistrados.
A partir de esa experiencia y para extender el control a jueces, fiscales, políticos, empresarios y otras personalidades, desde la Generalidad Pujol montó un servicio secreto de agentes conocidos como los
Algunos de ellos eran agentes de la “antena” (oficina) del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en Barcelona, que en su momento fueron utilizados por el ministro de Defensa Eduardo Serra para investigar las andanzas de Javier de la Rosa, entre otras misiones impropias.
Parte de los agentes pasaron al servicio de Pujol cuando se desmontó la “antena” del CESID en Cataluña, una de las exigencias de CiU para apoyar la investidura de José María Aznar en 1996 tras ganarle las elecciones a Felipe González, pero sin mayoría absoluta.
La sociedad española ha comprobado cómo el escándalo Pujol ha sido tratado con algodones por jueces, fiscales y el propio Gobierno que no se atreve a que el ex-molt honorable pase la pena del telediario.
Orden de no detener a Pujol
En el despliegue policial del 26 de abril de 2017, los doscientos agentes que intervinieron en los registros de las viviendas y oficinas del Clan Pujol en Barcelona debían tener sumo cuidado. Habían recibido órdenes taxativas de no realizar ninguna detención, fueran cuales fueran los resultados de los registros.
Incluso cuando acudieron al domicilio del matrimonio Pujol-Ferrusola donde se encontraba convaleciente de una operación quirúrgica en el hombro el hijo mayor, las indicaciones eran muy precisas: sólo debían acceder a la habitación de Jordi junior. No podían buscar pruebas en otras dependencias de la vivienda.
La explicación es sencilla: el Gobierno tenía miedo de enfadar a Jordi Pujol y que empezase a tirar de los dossiers elaborados por los “Pata Negra” y salieran a relucir decenas y decenas de escándalos, muchos de infarto y que haríam tambalear a algunas de la corrompidas instituciones del Estado.
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por presunto enriquecimiento ilícito acordó eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 95 años, después de que el exdirigente catalán fuese sometido a otro reconocimiento médico.
La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Anticorrupción acusaba a Pujol y a sus siete hijos, contra los que se mantiene la imputación, de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
También acusó a 15 presuntos colaboradores, entre ellos, empresarios que habrían contribuido a blanquear la fortuna de los Pujol a través de sociedades instrumentales que presuntamente gestionaba el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostuvieron entonces que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas y que para ocultar la procedencia ilícita de los fondos se realizaron operaciones ficticias y rechazan que la fortuna de la familia en Andorra sea la herencia del abuelo Florenci Pujol.
La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol a declarar por su deterioro cognitivo
Hoy lunes, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por presunto enriquecimiento ilícito ha acordado eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 95 años, después de que este lunes el exdirigente catalán se haya sometido a otro reconocimiento médico.
Así lo ha anunciado el presidente del tribunal, que ha precisado que, tras la evaluación médica y tras una reunión de los miembros del tribunal con el expresidente, en presencia del forense y de su defensa, se ha acordado que quede “fuera del procedimiento”.
La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Anticorrupción acusaba a Pujol y a sus siete hijos, contra los que se mantiene la imputación, de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
También acusa a 15 presuntos colaboradores, entre ellos, empresarios que habrían contribuido a blanquear la fortuna de los Pujol a través de sociedades instrumentales que presuntamente gestionaba el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas y que para ocultar la procedencia ilícita de los fondos se realizaron operaciones ficticias y rechazan que la fortuna de la familia en Andorra sea la herencia del abuelo Florenci Pujol.
Informe previo
En noviembre, médicos forenses de los juzgados de Barcelona se desplazaron al domicilio del expresidente de la Generalitat y le realizaron varias pruebas cognitivas para determinar si estaba en condiciones de enfrentarse al juicio.
En las conclusiones del informe, al que tuvo acceso Europa Press, y que fue remitido a la Audiencia Nacional, se determinó que Pujol sufre “un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)”.
Este trastorno lleva asociado un deterioro cognitivo moderado siendo “irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”.
Por todo ello, los profesionales concluyeron que el expresidente no estaba en condiciones ni de desplazarse hasta Madrid ni de declarar, al determinar que no disponía de la capacidad procesal para defenderse.
No obstante, el tribunal de la Audiencia Nacional citó presencialmente este lunes al expresidente en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) y acordó que fuese sometido a un nuevo reconocimiento médico para decidir si tomarle o no declaración.
Los hijos
Está previsto que este lunes comiencen las declaraciones del resto de los acusados, entre los que se encuentran los hijos de Jordi Pujol: Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia.
El Ministerio Público solicita la pena más elevada para Jordi Pujol Ferrusola, para quien pide 29 años de prisión por presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y delitos fiscales.
