Rafael Bermúdez.– Un antiguo jefe mío solía decir —de forma mucho más ruda— que cada vez que se descubre un caso de corrupción política, se complica la vida a los profesionales.

Y con ello no se refería a los funcionarios, que también, sino a la cantidad de trabajadores de empresas de todo tipo que concurren a licitaciones públicas.

Nadie que no haya preparado una oferta para un concurso público es consciente de la cantidad de documentos que hay que aportar. Además, los procedimientos en línea distan mucho de ser ágiles.

No debemos olvidar que el 99,8% de las empresas españolas son PYMES, lo que permite intuir fácilmente el coste que implica contar con una persona dedicada a tal menester.

No hace falta recordar la cantidad de escándalos de corrupción que cercan al Gobierno y a los partidos que lo apoyan, y la respuesta ha sido anunciar el endurecimiento de la Ley de Contratos del Sector Público —LCSP, en adelante— mediante la introducción de una serie de modificaciones en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, enmarcado en el Plan Estatal contra la Corrupción y cuya finalidad sería combatir la corrupción política y económica en el ámbito público, mediante un plan estructurado en cinco ejes: prevención, protección de informantes, investigación y sanción, recuperación de activos y promoción de la integridad democrática.

Aunque parece difícil que esta ley salga adelante —dada la necesidad de una mayoría reforzada—, el texto actualmente en información pública señala que «el Gobierno manifiesta la necesidad de reforzar el marco normativo vigente en materia de contratación, introduciendo medidas que incidan de forma directa en cada una de sus fases, con el fin de consolidar un sistema más profesionalizado y alineado con los principios de buena administración».

La LCSP entró en vigor el 9 de marzo de 2018 —es decir, acaba de cumplir ocho años— y transpuso al ordenamiento jurídico español varias directivas europeas en materia de contratación.

En su preámbulo se afirma: «Con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las normas sobre contratación pública, orientado a incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como a permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes». Todo ello sugiere que dichos objetivos no se han alcanzado plenamente.

Y tampoco parece que se hayan conseguido los objetivos inspiradores de la LCSP, que eran «lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad-precio».

¿O quizás sí se han logrado? Pero lo que ha fallado es la vinculación a los objetivos sociales comunes, por parte de quienes deberían tener la máxima responsabilidad decisoria.

La anterior Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor en abril de 2008 y tuvo una vigencia cercana a los diez años. La precedente databa de 1995 y estuvo en vigor durante trece años. Ambas, eso sí, fueron objeto de un texto refundido a mitad de su vida.
Problema estructural

Si la corrupción obliga a reformar las leyes cada vez con mayor rapidez —como hemos visto—, el problema es estructural, sistémico y extraordinariamente difícil de eliminar.

Y cuando el acceso al contrato, a la norma sectorial o al presupuesto depende de la distancia al poder, los recursos se desplazan desde la productividad hacia la influencia. El talento deja de competir en el mercado y empieza a competir en los despachos; de ahí el crecimiento de los ‘lobbies’ en el mejor de los casos, o directamente de los conseguidores en el resto; mercantilizando de esta forma el espacio de debate ciudadano, como diría el recientemente fallecido Jürgen Habermas.

El economista alemán Johann Graf Lambsdorff demostró que los corruptos crean las regulaciones ineficientes para poder cobrar por sortearlas. No aprovechan el agujero que ya existe, sino que lo diseñan ellos.

El papelito innecesario, el concurso público hecho a medida, los pliegos opacos que exigen interpretaciones discrecionales, no son el reflejo de la teoría de los hechos torpes de la administración pública; sino que son, la mayor parte de las veces, la expresión deliberada del saqueo.

El Banco Mundial identificó la corrupción como «el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social».

Más recientemente, ha estimado que se pagan más de 1 billón de dólares estadounidenses en sobornos cada año y que los países que combaten la corrupción, mejoran la gobernanza y el estado de derecho podrían aumentar los ingresos per cápita en un 400 por ciento.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional España cayó por quinto año consecutivo, hasta el puesto 49 de 182 países, por detrás de Ruanda o Arabia Saudí, con una puntuación de 55 sobre 100, siendo la mejor nota Dinamarca con 89 y la peor, Albania y la India con 39. Según este índice, España ha sido uno de los países europeos donde más ha crecido la percepción de la corrupción, junto a Bulgaria.

Un estudio realizado por dos universidades alemanas concluyó en 2005, que cada punto de empeoramiento en el índice de corrupción recorta el crecimiento del PIB en 0,13 puntos porcentuales anuales y reduce la renta per cápita en 425 dólares constantes.

La tendencia es a empeorar. La Fundación BBVA estimó que corregir el déficit de calidad institucional podría elevar el PIB per cápita español un 16% en quince años. Por su parte, la CNMC calculó en 2017 que los sobrecostes por prácticas ilegales en contratación pública rondaban los 48.000 millones de euros anuales; actualizados a precios actuales, se aproximan a los 60.000 millones.

Además, la corrupción ahuyenta la inversión extranjera, aumenta significativamente la inflación deformando el gasto público, reduce la calidad de las infraestructuras públicas, expande la economía sumergida y erosiona la legitimidad de las instituciones.

En el caso español, la corrupción no ha adoptado históricamente la forma de grandes sobornos corporativos, sino la de una corrupción territorial, urbanística, enquistada en la contratación local y municipal.

Sin embargo, hoy en día, han surgido otras corrupciones que no se podrán evitar modificando la regulación sobre contratación pública, como los negocios sujetos a licencia administrativa.

Un ejemplo claro es el sector de los hidrocarburos —con tanto reflejo en la prensa reciente—: en España es necesario tener el título de operador de hidrocarburos para entrar en el negocio.

Pero el negocio no es el petróleo en sí mismo, sino el permiso para importarlo y distribuirlo. Quien obtiene la licencia accede a un grupo exclusivo que puede comprar combustible, prácticamente en cualquier lugar del mundo, bajo un régimen especial y almacenarlo sin pagar impuestos hasta su puesta a consumo y distribuirlo en una red completamente regulada.

Igual podríamos decir del negocio de las energías renovables, como se ha visto recientemente en un escándalo surgido en Aragón, donde el negocio estaba en la obtención de licencias medioambientales muy cuestionables desde todos los puntos de vista, utilizando numerosas puertas giratorias.

Sin embargo, el debate político español sobre corrupción es, casi siempre, un debate sobre quién la comete, dando imagen de fallos puntuales del sistema, cuando realmente son el resultado de diseñar y entender cómo funciona la maquinaria legal y política, utilizándola en beneficio propio hasta llevarlo a un límite intolerable.

Rara vez se habla de cómo combatir la corrupción de forma eficaz mediante reformas institucionales concretas. Y casi nunca del precio real que pagamos por tolerarla: más de 1.200 euros por habitante al año.

Ahora que comienza la campaña de la Renta, conviene recordarlo. A los aproximadamente 800 euros adicionales que supone no deflactar los tramos del IRPF, habría que sumar el coste silencioso de la corrupción.