La expulsión de Iván Espinosa de los Monteros de Vox no es un episodio aislado ni un arrebato, sino un episodio más de una deriva que lleva años vaciando el partido de talento, de pluralidad interna y de ambición de gobierno.

Quien fuera cofundador, rostro institucional y principal traductor del mensaje de Vox al lenguaje de la política adulta es ahora el último miembro de una larga lista de purgados.

Espinosa de los Monteros no es un verso libre recién llegado, ni un barón rebelde con agenda propia. Es el hombre al que Abascal señalaba como garantía de solvencia cuando Vox aspiraba a dejar de ser una anécdota extraparlamentaria.

Si incluso él es ya incompatible con la casa que ayudó a levantar, el problema no es Espinosa. El problema es la casa.

Porque antes que él fue Macarena Olona, a la que se encumbró como candidata providencial en Andalucía para después dinamitarla cuando planteó un proyecto propio.

Antes, durante y después han ido cayendo Ortega Smith, histórico secretario general; Juan García‑Gallardo, primer vicepresidente autonómico de Vox; José Ángel Antelo y otros dirigentes regionales a los que se ha laminado en cuanto han mostrado criterio autónomo.

El patrón es siempre el mismo: quien acumula poder territorial, capital político personal o información incómoda sobre la máquina interna acaba en la cuneta.

La dirección de Vox pretende vender cada una de estas salidas como un ajuste quirúrgico frente a egos desmedidos, traiciones o delirios personalistas.

Pero la realidad ya no admite explicaciones ad hoc. Lo que muestra esa realidad es un partido que ha sustituido cualquier noción de colegialidad por un culto a la autoridad de Santiago Abascal, rodeado de un círculo cada vez más reducido, más hermético y más impermeable a la crítica.

La expulsión de Espinosa llega, además, en medio de acusaciones muy serias sobre el funcionamiento económico de Vox.

Informaciones periodísticas solventes han descrito una estructura en la que empresas del entorno de los Ariza y del consultor Kiko Méndez‑Monasterio concentran contratos millonarios sufragados en buena medida con fondos públicos asignados al partido.

La Fundación Disenso, presidida por el propio Abascal, se ha convertido en receptora recurrente de recursos procedentes de Vox, mientras medios vinculados al viejo universo Intereconomía se sostienen también gracias a esa tubería.

A todo ello se añade la polémica sobre la relación laboral de la esposa de Abascal con sociedades del entramado, y la financiación a través de un banco húngaro orbitando en torno a Viktor Orbán.

No se trata sólo de estética: cuando un partido que vive del discurso contra las élites y la “casta” aparece rodeado de consultoras, fundaciones y editoriales amigas que medran a la sombra de sus siglas, el discurso se convierte en pantomima.

El relato de los purgados es coincidente. Vox se ha transformado en un solar orgánico donde sólo manda uno, donde los órganos internos se utilizan como martillo contra la disidencia y donde las decisiones se cocinan en un círculo tan reducido que la militancia ha quedado reducida a comparsa.

Quien discrepa, aunque lo haga en términos leales y con voluntad de fortalecer el proyecto, es acusado de traidor, de vendido al PP o de agente de una conspiración mediática.

Se vigilan redes, se señalan actos, se presiona para que nadie se acerque a los que caen en desgracia.

No es la anatomía de un partido moderno. Es el manual de una secta política. Pero el problema no es sólo interno.

La deriva de Vox está teniendo consecuencias directas sobre la gobernabilidad del centroderecha en España. El partido ha decidido instalarse en una estrategia de tierra quemada en las negociaciones con el PP, dificultando o bloqueando la formación de gobiernos autonómicos y municipales donde la suma de ambos sería suficiente para desalojar al PSOE.

Ese comportamiento, más orientado a preservar una identidad victimista que a obtener resultados tangibles para sus votantes, está regalando argumentos a Pedro Sánchez.

El mensaje al votante es prístino. Donde el PP ofrece una agenda de Gobierno, Vox ofrece una guerra civil interna. Donde el PP negocia, Vox boicotea. Donde el PP busca sumar, Vox amenaza con restar si no se le entrega un trofeo simbólico que justifique el relato de resistencia.

Para un electorado de centroderecha que aspira a algo tan prosaico como bajar impuestos, mejorar servicios públicos, reforzar el Estado de derecho y cerrar la puerta a aventuras populistas de izquierda y nacionalistas de distinto signo, la conclusión es obvia. Un partido que depura talento, que flirtea con la opacidad económica y que boicotea gobiernos alternativos al PSOE por tacticismo identitario deja de ser una herramienta útil. Se convierte en un problema añadido.

Vox nació con la promesa de ensanchar el espacio del centroderecha, de modernizarlo y de romper la inercia de un PP exhausto. Hoy, la expulsión de Espinosa de los Monteros certifica justo lo contrario: un proyecto menguante, encapsulado y obsesionado con la lealtad al líder por encima de la lealtad a las ideas.

Un partido que exige sacrificios personales a todos… menos a quienes ocupan la cúspide de una estructura cada vez más parecida a una empresa familiar que a una organización política.