Hay decisiones que, más allá de su fundamento jurídico, dejan un poso político difícil de ignorar. La actuación reciente de la Fiscalía española vuelve a colocar sobre la mesa una vieja sospecha ciudadana: que no todos los casos se miden con el mismo rasero, ni todos los nombres reciben idéntico celo investigador.

Por un lado, la Fiscalía ha optado por desestimar cualquier impulso investigador sobre las informaciones relativas a las relaciones internacionales y presuntos circuitos de blanqueo que desde hace años se atribuyen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Informaciones publicadas, comentadas y debatidas en medios y redes, con suficiente persistencia como para, al menos, justificar una mínima diligencia indagatoria. No la hubo. El mensaje implícito es claro: aquí no pasa nada, sigan circulando.

En España, hablar de justicia debería ser sinónimo de equidad, imparcialidad y protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad nos devuelve una imagen muy distinta: la de una Fiscalía que aplica dos varas de medir, donde no todos los ciudadanos ni todas las instituciones son tratados con la misma firmeza.

Esta doble moral no es un fenómeno aislado. Se refleja en el tratamiento de políticos frente a ciudadanos comunes, o en la actitud de la justicia ante denuncias de corrupción frente a la rapidez con la que se actúa contra casos de menor envergadura.

El daño no es solo institucional; es social. La confianza de la ciudadanía en sus tribunales se erosiona con cada contraste evidente entre palabras y hechos. Cuando la Fiscalía es selectiva, se convierte en un instrumento de desigualdad, minando los cimientos de un Estado democrático.

España necesita urgentemente una reforma que no solo depure la corrupción, sino que garantice la equidad real ante la ley, sin privilegios ni excepciones. Mientras eso no ocurra, la doble vara de medir seguirá siendo el símbolo más doloroso de la injusticia en un país que pretende llamarse moderno y democrático.