El cobro de las balas a los familiares de las víctimas de las protestas en Irán es una estrategia judicial del régimen islámico para esquivar las acusaciones de genocidio y las críticas de la comunidad internacional por abuso de poder, represión y violación de los derechos humanos. (X)

Gabriela Moreno.- Los familiares de los manifestantes asesinados por el régimen iraní que arriban a los servicios forenses a recuperar los cuerpos son obligados a pagar 250 millones de riales iraníes, cifra equivalente a 1500 dólares, por cada bala encontrada en sus cadáveres, de lo contrario, impiden la entrega.

La perversa condición que imponen las autoridades islámicas alcanza en algunos casos hasta la recaudación de 6000 dólares por un cuerpo, tras el uso de ametralladoras en contra de quienes participan en las protestas ciudadanas que exigen la salida de la cúpula del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país de Medio Oriente.

«Las fuerzas armadas llegaron al hospital y se lo llevaron a él y a otros muchos. Cuando su familia acudió a la policía para obtener información sobre él, les dijeron que había fallecido y que, si querían recuperar su cuerpo, tendrían que pagar 1000 millones de riales, unos 6000 dólares», relató Medis Tavakoli, una iraní exiliada desde hace cuatro años en España al diario ABC.

En contacto con el medio español reveló que el cobro por los cuerpos de los manifestantes se efectúa incluso a las familias más vulnerables que arriban a los hospitales y morgues en busca de sus seres queridos caídos. «Es un drama, porque a la muerte del chico se suma la pena de no poder darle sepultura. Para nosotros, para nuestra cultura es muy importante y eso es un dolor que van a llevar siempre», asegura Medis.

Estrategia para la impunidad

El cobro de las balas a los familiares de las víctimas de las protestas en Irán es una treta judicial del régimen islámico para esquivar las acusaciones de genocidio y las críticas de la comunidad internacional por abuso de poder, represión y violación de los derechos humanos.

Esta estrategia queda al descubierto, al ver que los padres, madres, esposas o hijos de los muertos en las manifestaciones son registrado como fallecidos en una «muerte por accidente» en las actas de defunción.

De esa manera, el régimen de Jamenei reduce las acusaciones expuestas en el reporte de 3428 muertos que pone de manifiesto la represión estatal contra los manifestantes en al menos 15 provincias iraníes, una cifra que recabó la organización Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, la cual ha hecho seguimiento a las rebeliones civiles desde el inicio de las protestas, el 28 de diciembre de 2025.

Una táctica reciclada

Esta práctica implementada por el régimen iraní constituye un mecanismo de manipulación de la crisis en su propio beneficio. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo en el país persa ronda los 125 dólares mensuales, el desembolso exigido para retirar los cuerpos, equivalente a unas quince veces esa suma, resulta virtualmente imposible. Ante esa imposibilidad, la mayoría de las familias se ve forzada a aceptar el ocultamiento de la verdadera causa de muerte.

La práctica comenzó hace cinco años luego de las protestas de 2019, así lo constatan diversos informes publicados por Reuters, el Departamento de Estado de los Estados Unidos e Iran Wire, tres fuentes que coinciden en el secuestro de los cadáveres para recabar el «impuesto por muerte».

Nadie puede librarse. El testimonio de Nezar Minouei, tío de Robina Aminianm, una estudiante iraní asesinada a tiros en una de las protestas en Teherán lo confirma. «Su madre, entre gritos, llantos y con mucha dificultad, finalmente logró acceder a la zona donde se guardaban los cuerpos para empezar a buscar el de su hija», contó Minouei. Si bien admitió que «encontró el cuerpo de su hija y prácticamente tuvo que robarlo, cuando la familia regresó a su ciudad natal de Kermanshah, se enteraron que las autoridades estaban en su casa buscándonos para hacernos pagar por ello».