Álvaro Galán.- México ya no enfrenta simplemente un problema de narcotráfico: enfrenta una guerra perdida. Durante años, el Estado mexicano ha demostrado una incapacidad sistemática para recuperar el control de su territorio frente a cárteles que hoy operan como ejércitos irregulares, imponen gobiernos de facto, cobran impuestos, reclutan a la fuerza y desafían abiertamente a las instituciones. En este contexto, seguir rechazando una intervención militar de Estados Unidos en nombre de una soberanía ficticia no es patriotismo: es negación.

La realidad es brutal y simple: vastas zonas del país no están gobernadas por el Estado, sino por el crimen organizado. Municipios enteros viven bajo toque de queda impuesto por sicarios; policías locales obedecen órdenes criminales; y el Ejército mexicano, aunque disciplinado, ha sido políticamente maniatado, subfinanciado y utilizado como contención, no como fuerza decisiva. Hablar de “estrategias alternativas” después de más de 15 años de masacres es una burla para las víctimas.

Estados Unidos no es un actor externo inocente, pero sí es un actor indispensable. El fentanilo que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año se produce y trafica desde México. Las organizaciones responsables no solo amenazan a México, sino que constituyen una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense. Bajo cualquier doctrina realista, esto justifica una acción militar. Cuando un Estado vecino no puede —o no quiere— neutralizar una amenaza transnacional, la intervención deja de ser imperialismo y se convierte en autodefensa estratégica.

Quienes se oponen a una intervención militar estadounidense suelen invocar fantasmas históricos y discursos nacionalistas vacíos. Pero ¿qué soberanía se defiende cuando los cárteles controlan puertos, carreteras, aduanas y fronteras? ¿Qué independencia existe cuando el gobierno negocia tácitamente con criminales y llama “abrazos” a la rendición? La verdadera humillación nacional no sería la presencia de fuerzas extranjeras, sino la normalización de un Estado capturado por el narco.

Estados Unidos posee lo que México no ha querido o no ha podido usar: inteligencia de precisión, tecnología avanzada, capacidad quirúrgica y voluntad política para destruir estructuras criminales completas, no solo capturar peones. Una intervención contundente, focalizada y sin concesiones —dirigida a eliminar liderazgos, centros de producción y rutas clave— podría hacer en meses lo que México no ha logrado en décadas.

El argumento de los derechos humanos, aunque legítimo, ha sido secuestrado para justificar la inacción. Hoy, los mayores violadores de derechos humanos son los cárteles, no los ejércitos que los combaten. Cada día sin una acción decisiva significa más fosas clandestinas, más periodistas asesinados, más mujeres desaparecidas y más comunidades condenadas al terror. La pasividad mata más que cualquier operación militar.

Negarse siquiera a considerar una intervención estadounidense no es una postura moral elevada; es complicidad por omisión. México necesita ayuda real, no discursos, no simulaciones, no estrategias fallidas recicladas sexenio tras sexenio. Si el precio de recuperar la seguridad, el Estado de derecho y la vida cotidiana es aceptar una intervención militar extranjera bajo un marco claro y temporal, entonces ese precio debe discutirse sin hipocresía.

La pregunta ya no es si la intervención es deseable. La pregunta es cuánto más debe desangrarse México antes de aceptar que la guerra contra el narcotráfico no se puede ganar solo con buenas intenciones y soberanía retórica.