Hay una verdad incómoda que en España se evita mirar de frente: las decisiones políticas no son neutras, y cuando se toman mal, tarde o pensando antes en el relato que en la realidad, pueden acabar matando. No es una exageración ni una consigna alarmista. Es una constatación que se repite una y otra vez, siempre con el mismo patrón y siempre con las mismas excusas posteriores.

Ocurrió con la pandemia. Mientras el virus ya circulaba y otros países empezaban a tomar medidas drásticas, aquí se optó por mantener actos multitudinarios, tranquilizar a la población y proteger la agenda política.

La celebración del 8-M se convirtió en el símbolo de una forma de gobernar que antepone el mensaje a la prudencia. Después llegaron los contagios masivos, los hospitales desbordados y las muertes. Y, como casi siempre, nadie pagó un precio político real. Se discutió en los tribunales, se archivaron causas y se pasó página, pero el daño ya estaba hecho. El archivo judicial no devuelve a los muertos ni borra la sensación de que se jugó con fuego sabiendo que podía quemar.