La deuda pública española, en términos consolidados, alcanzó los 1,663 billones de euros el pasado mes de abril. El récord histórico se alcanzó en marzo, con 1,667 billones y volverá a superarse en los próximos meses. El Gobierno celebra que, medido en porcentaje del PIB, la deuda representa el 102,7%, 2,56 puntos menos que hace un año. La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) cree, sin embargo, que se trata de una mejoría muy pasajera y prevé, si no se toman medidas contundentes, que la deuda alcance nada menos que el 181% del PIN en 2070, una cifra fabulosa que en términos absolutos resulta muy difícil calcular con precisión en estos momentos. En cualquier caso, una deuda de esa magnitud dejaría a la finanzas españolas al borde del precipicio, si es que antes no había tenido algún percance y los mercados se hubieran negado a financiarla. Significaría, por las buenas o por las malas, recortes draconianos en prestaciones como las pensiones, la sanidad pública y otras ayudas sociales, sin olvidar la educación. España sería –quizá lo sea ya– un país condenado a «Cien años de deuda», en paráfrasis de García Márquez, que quizá no tendría una segunda oportunidad.

La Airef fue creada a instancias de las autoridades de Bruselas para conceder, en plena Gran Recesión, el rescate al sistema financiero, mejor dicho, a las Cajas de Ahorros. La UE exigió un organismo independiente que evaluara, de forma sistemática y periódica, las cuentas públicas españolas. José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, fue su primer presidente que, aunque nombrado por el PP, tuvo numerosas broncas y enfrentamiento con el Gobierno de Mariano Rajoy y, sobre todo, con su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ahora preside la institución Cristina Herrero, cuyos últimos informes tampoco son muy del agrado del Gobierno de Sánchez, que intenta aprovechar el ruido político para que pasen inadvertidos.

La Airef, en el llamado Observatorio de Deuda, analiza el presente y el futuro de la deuda pública española y llega a unas conclusiones que el Gobierno –y en parte la oposición- obvian, pero que ponen en cuestión la solvencia del país y el mantenimiento a medio plazo del actual Estado del Bienestar. El organismo que encabeza Cristina Herrero calcula que la deuda, medida en porcentaje del PIB, caerá hasta el 99,1% en 2029, frente al máximo que alcanzó del 124,2% en 2021, pero que a partir de ahí iniciará un ascenso –inercial- que la llevará hasta nada menos que el 181% del PIB, una situación insostenible. El Gobierno, que mira el corto plazo y que incluso 2029 le parece una fecha lejana, se aferra a la mejoría actual, pero no adopta ninguna medida para solventar la situación en el futuro.

Pedro Sánchez incluso tiene consejeros y amigos defensores de mayores porcentajes de deuda pública. Por ejemplo, Ángel Ubide, director general y jefe de Investigación Económica en Renta Fija Global en Citadel, un personaje con más que un cierto prestigio en los mercados, defiende que «es un anacronismo mantener el 60% del porcentaje de deuda como límite». Es lo que señala el tratado de Maastricht, pactado por todos los miembros de la eurozona, pero que algunos países llevan tiempo sin respetar en los últimos años, con la excusa de haber tenido que dedicar recursos extra en la época de la pandemia. Ubide, asesor en distintos momentos de Sánchez, sonó de forma sucesiva como sustituto de Nadia Calviño e incluso como gobernador del Banco de España. Los que mejor le conocen afirman que nunca estuvo interesado en esos asuntos. Ahora, hace unas semanas, acaba de publicar, junto con el francés Olivier Blanchard, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional, un libro en el que reclaman la creación de deuda europea conjunta –eurobonos en definitiva- para financiar proyectos en la zona euro.

La Airef, en su último informe, no considera que sea inevitable que España llegue al 181% de deuda pública y sugiere varias vías para evitarlo. Cree que debería realizarse un ajuste –reducción de gastos– de unos 3,16 puntos del PIB entre 2025 y 2040, de momento, que podría distribuirse en cuatro planes fiscales a cuatro años cada uno para escalonar las medidas y garantizar también una senda descendente de las cifras y porcentajes de deuda a largo plazo. Esa fórmula, si se aplica de forma progresiva y decreciente, permitiría reducir la ratio –el porcentaje- de deuda hasta el 62% del PIB en 2050, lo que la acercaría al umbral del 60% del Tratado de Maastricht y permitiría estabilizar las cuentas públicas españolas.

Las propuestas de la Airef conllevan, de forma inevitable, algo más –o incluso bastante– de austeridad en el gasto. No entra en detalles, porque tampoco es su función, ya que esto es potestad del Gobierno. Tampoco sugiere cuáles serían las consecuencias si no se adoptan medidas. Sin embargo, un futuro con una deuda pública todavía más desbocada no es difícil de imaginar. A corto plazo no habrá grandes cambios y, por eso, este Gobierno elude afrontar el asunto. A medio y largo, las consecuencias han sido y son advertidas de forma reiterada por los expertos, a quienes ni los responsables políticos del Gobierno ni de la oposición parecen escuchar.

El desenlace, si no se toman cartas en el asunto, es evidente: recortes draconianos en las pensiones, en todo tipo de ayudas sociales, en la sanidad pública y en la educación. Ocurrió en Grecia –y en menor medida en Portugal- durante la Gran Recesión, y puede suceder en España, que sería un país condenado a cien y más años de deuda pública, que no tendría una segunda oportunidad.

La Razón