La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide una condena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación absoluta por delitos de prevaricación y revelación de secretos para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la divulgación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, en su escrito de acusación reclama que declare en el juicio como testigo el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, envuelto en plena polémica por el supuesto cobro de comisiones a cambio de amañar adjudicaciones públicas que ha puesto de relieve la Unidad Central Operativa (UCO) a raíz del análisis de los audios grabados por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

La acusación popular reclama además que se suspenda de empleo y sueldo tanto a García Ortiz como a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para quien solicita una condena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación, desde el momento en que el Tribunal Supremo (TS) abra juicio oral contra ambos.

De forma subsidiaria, el letrado de la acusación, Juan Antonio Frago, reclama para el fiscal general una pena de cinco años de prisión, multa de 30.000 euros y una inhabilitación para ejercer como juez o fiscal durante cinco años o, en su defecto, la suspensión de empleo y sueldo durante cuatro meses.

En cuanto a la fiscal jefe de Madrid, APIF también propone una pena alternativa a la principal de cuatro años de cárcel, multa de 30.000 euros y una inhabilitación de cinco años para ejercer de fiscal o juez.

Lista de testigos

Como prueba anticipada, quiere que la UCO compruebe si en el teléfono de los querellados figuran, entre otros, los teléfonos de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera (quien facilitó a Juan Lobato, entonces líder del PSOE de Madrid, el correo en el que el abogado de González Amador asumía el fraude fiscal y ofrecía un pacto a la Fiscalía, para que lo utilizara en la Asamblea contra Ayuso el 14 de marzo del pasado año); el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (quien filtró un correo posterior al anterior en el que la Fiscalía se mostraba dispuesta a llegar a un acuerdo); y varios periodistas.

Además de Santos Cerdán, la acusación pide que declaren como testigos la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal Julián Salto, encargado de la investigación contra González Amador por supuesto fraude fiscal; la propia Sánchez Acera; Juan Lobato; González Amador; Carlos Neira, su abogado en la causa por delito fiscal: la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz; el delegado de Protección de Datos de la Fiscalía, Agustín Hidalgo (para que sea interrogado sobre el supuesto protocolo que invocó García Ortiz para justificar el borrado de sus mensajes una semana después de que el Supremo abriera la causa penal contra él); el decano del ICAM (que también ejerce la acusación popular), Eugenio Ribón; los responsables de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía Provincial de Madrid; y varios periodistas.

APIF impugna como prueba las actas notariales en las que varios periodistas de “El País” aseguran que conocieron que González Amador había reconocido el fraude y ofrecía un pacto a la Fiscalía antes de que ese correo del 2 de febrero (que el abogado del empresario remitió a la Fiscalía trasladándole ambos extremos llegara a manos de García Ortiz la noche del 13 de marzo de 2024, minutos antes de que se filtrara la misiva y se publicara en la cadena Ser.

Orden “manifiestamente ilegal”

Los letrados de APIF -además de Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoleón Cánovas- hacen hincapié en que ese correo del 2 de febrero del pasado año contenía “las conversaciones privadas mantenidas entre un letrado y el fiscal encargado del caso”, con “información sensible y datos personales de un ciudadano anónimo”. En consecuencia, recalcan, estaba sujeto “a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, lo que impedía terminantemente proceder a su divulgación sin el conocimiento y el consentimiento del interesado”.

La acusación recuerda que el 13 de marzo el diario “El Mundo” publicó que la Fiscalía ofrecía a la pareja de Ayuso un pacto a cambio de que admitiese los dos delitos fiscales que se le imputaban. A modo de respuesta frente a esta noticia y con la intención de “ganar el relato”, asegura la asociación de fiscales, los acusados comenzaron, “a instancia” de García Ortíz, “un intercambio frenético de comunicaciones” para que los correos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador llegasen a manos del fiscal general.

APIF concluye que García Ortiz, aprovechando su condición de fiscal general del Estado, “había obtenido unos correos que de otro modo no habrían llegado a su poder” y los filtró “deliberadamente” a un periodista de la cadena Ser “con la intención de que este los publicara y difundiera, pese a conocer perfectamente, especialmente por su condición de fiscal de carrera, el carácter reservado de dichas comunicaciones”.

“Con la finalidad de apoderarse de datos que no estaban a disposición de ninguno de los acusados”, continúa el relato de la acusación, “se dictó dicha orden verbal” por parte del fiscal general, “nunca discutida e incluso con alegría apoyada por la acusada”, que califica de “manifiestamente ilegal y con manifiesto desprecio a todo cauce o tramitación administrativa y prevaliéndose de la superioridad jerárquica manifiesta sobre el fiscal Julián Salto, que acabó acatando la orden”.

Afectó a la reputación de González Amador

Ese correo objeto de la filtración, añade, fue publicado por primera vez de manera completa en las primeras horas del día 14 de marzo de 2024 por el periódico Digital “El Plural” para que “pudiera ser utilizado políticamente por el Gobierno de la nación (que lo tenía al menos desde alrededor de las ocho de la mañana) tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, lo que incrementó los perjuicios sufridos por la víctima del delito”.

La difusión de ese correo, recalca, “afectó notablemente a la reputación” de González Amador, puesto que a raíz de su divulgación “en determinados medios y ámbitos se le llamó defraudador o delincuente confeso, cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera”.

Además, añade, “mermó notablemente” sus derechos procesales, ya que por causas “absolutamente alegales, se le despojó de su derecho a un proceso con todas las garantías”, astillando su derecho de defensa.

La Razón