Todas las asociaciones fiscales (menos la progresista) han vuelto a exigir este lunes la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, después de que el Tribunal Supremo confirme su procesamiento y ante la “insostenibilidad” de esta anomalía.

La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han pedido este lunes su salida, después de que el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga haya propuesto juzgarle por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

“Creo que la situación es insostenible”, ha asegurado en declaraciones a EP la portavoz de la AF -la mayoritaria en la carrera–, Cristina Dexeus, que considera que García Ortiz no puede mantenerse en el cargo después de haber sido procesado porque sería “una causa absoluta de sonrojo y de vergüenza”.

“No por más previsible deja de provocar un fuerte disgusto por el daño reputacional que causa que el fiscal general del Estado investigado se haya mantenido en el cargo sin dimitir, que es lo que hubiera procedido, y ahora nos encontramos en esta situación que desde luego perjudica el crédito de la institución”, ha opinado.

Además, desde su punto de vista, Dexeus considera que si García Ortiz no dimite “puede dar lugar” a “una situación paradójica, que es que como fiscal general deberá de suspender de sus funciones a la coprocesada”, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. “Y él, como no hay disposición estatutaria en tal sentido, puede mantenerse en el cargo sin dimitir”, ha criticado.

A su juicio, García Ortiz “debió dimitir hace un año cuando se admitió por el Tribunal Supremo la exposición motivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”. “Lo hemos dicho a lo largo del tiempo y hemos llegado a este momento con el fiscal general manteniéndose en el cargo. Por analogía, que un fiscal esté obligado a ser suspendido del cargo cuando se le procesa o se abre juicio oral para mantener la imagen de imparcialidad de la institución, mas necesario será con la cabeza de la institución”, ha apostillado.

APIF, que es acusación, reclama “responsabilidad”

Por su parte, el portavoz de la APIF, Miguel Pallarés, ha pedido a García Ortiz que realice “un ejercicio de responsabilidad” como a su juicio sería “que partiera de él la necesidad de dimitir”.

“Nosotros pedimos la dimisión en el momento en que estaba siendo investigado y precisamente porque no dimitió dio lugar a que nos personáramos en la causa. Si hubiera dimitido no nos hubiéremos personado. Ahora el Supremo por medio de un auto realiza una imputación de unos hechos que presuntamente son delictivos”, ha apuntado el representante de la asociación que ejerce de acusación popular en esta causa.