Este 8 y 9 de junio, a iniciativa de la izquierda italiana, se votarán cinco referendos que buscan eliminar total o parcialmente leyes referidas a cuestiones de nacionalidad y de derechos laborales, pero el Gobierno conservador de Georgia Meloni, claro de la estratagema de que busca sacar adelante la agenda izquierdista sin mayoría parlamentaria, se opone a los cambios legales vía consulta popular y apuesta a la abstención para que los referendos no sean válidos.

Los principales cambios que quieren lograr los partidos de izquierda con las consultas populares son la reducción del plazo para obtener la ciudadanía de diez a cinco años y derogar algunas normas sobre despidos laborales. Sin embargo, para que estos cambios sean una realidad no solo debe ganar la opción del Sí, sino que es necesario que a nivel global la participación supere el 50 % del electorado.

Meloni, por su parte, ha animado a no votar. La primera ministra declaró que irá a las urnas, pero no recogerá su papeleta para contribuir a que no se alcance el quorum legal necesario, lo que ha provocado la protesta de la oposición, que critica que se promueva la abstención.

Los dos vicepresidentes del Ejecutivo y líderes de partidos de la coalición gobernante, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, de la conservadora Forza Italia, y el titular de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, de la Liga, también declararon que no votarán en los referendos.

De acuerdo con una encuesta realizada por Demopolis, solo el 46 % de los entrevistados afirmó tener conocimiento de los referendos y solo el 30 % afirmó que iría a votar

Según recuerda Efe, de los nueve referendos celebrados en Italia entre 1974 y 1995, solo uno no llegó al quorum, mientras que a partir de 1997, de las ocho consultas celebradas, sólo la de 2011, sobre la gestión pública del agua, alcanzó la participación del 54,8 % de los ciudadanos con derecho a voto.

«El objetivo es alcanzar el quorum, necesitamos al menos el 50 % más uno para que el voto cuente. Es una batalla justa. Y es una oportunidad para cambiar Italia a mejor. Dejo las tácticas exasperadas a Meloni, que espera encabezar el fracaso del referéndum. Es una vergüenza», explicó Elly Schlein, líder del opositor Partido Demócrata (PD).

Los referéndums han sido impulsados por el diputado Riccardo Magi, del partido izquierdista +Europa, al que posteriormente se sumaron otros partidos, asociaciones y sindicatos y lograron reunir más de 637.000 firmas para activar las consultas populares.

Posible nacionalización masiva

El objetivo del único referendo no laboral es reducir de 10 a 5 años la residencia regular necesaria para solicitar la ciudadanía y una vez obtenida, podría transmitirse a los hijos menores. La reforma beneficiaría al menos a 2,3 millones de extranjeros dentro y fuera de Italia.

«El referéndum —explicó Magi— representa un impulso para modificar una normativa (sobre la nacionalidad) que data de 1992 y que define como vieja e injusta» y que sigue en pie porque los gobiernos y parlamentos que se han sucedido en los últimos años no han tenido la voluntad política de cambiarla.

La propuesta del referéndum es razonable, sostiene, porque sólo reduce el tiempo requerido para la residencia —de diez a cinco años—, dejando inalterados los demás requisitos: ingresos mínimos, regularidad de estancia, ausencia de antecedentes penales, conocimiento de la lengua italiana.

Endurecer el despido

En las otras consultas, apoyadas por el mayor sindicato del país, CGIL, se pretenden derogar normas laborales, como la de que los contratados después del 7 de marzo de 2015 en empresas de más de 15 trabajadores no deben ser reincorporadas a su puesto de trabajo tras un despido improcedente, incluso si un juez así lo establece.

«Nuestro objetivo es alcanzar el quorum con la esperanza de que la mayoría de los ciudadanos acuda a votar porque, así, podremos anular esas leyes absurdas que se han promulgado. Para ello hemos organizado los referendos», indicó a Efe el líder de la CGIL, Maurizio Landini.

También se solicita la eliminación del límite de indemnización para los trabajadores despedidos injustificadamente en pequeñas empresas, así como la de otras normas sobre el uso de los contratos de duración determinada.

Mientras que la última pregunta tiene como objetivo aumentar la responsabilidad del empleador en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.