La última resolución de la Audiencia Provincial de Madrid debería intranquilizar a Begoña Gómez. Más allá del tirón de orejas al juez Juan Carlos Peinado por insistir en investigar el rescate de Air Europa y por difundir el vídeo de la comparecencia de Pedro Sánchez como testigo, y de que la Sala haya archivado la causa respecto de dos de los imputados -Complutense Joaquín Goyache y el directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes-, los magistrados refuerzan la investigación por tráfico de influencias y hablan por primera vez abiertamente de indicios de “desviación de poder” en el comportamiento de la esposa de Pedro Sánchez.

Las referencias de la Sala a cómo supuestamente se sirvió de su cercanía al presidente del Gobierno para impulsar su carrera profesional a cambio de “favores” resultan especialmente esclarecedores y ensombrecen el futuro procesal de la mujer del jefe del Ejecutivo, pese al continuo cuestionamiento de la instrucción de Peinado desde las filas del PSOE y del propio Gobierno.

La Audiencia de Madrid ya negó con anterioridad una de los persistentes reproches a Peinado, rechazando que lleve a cabo una investigación prospectiva (que se extiende más allá del objeto de la causa en busca de indicios delictivos por hechos ajenos al procedimiento, una práctica proscrita legalmente). Ahora, vuelve a echar por tierra la queja de la defensa de Begoña Gómez de que el magistrado que le investiga se ha extralimitado saltándose de forma caprichosa los contornos del objeto de la causa. Un nuevo revés respecto al principal argumento del abogado de la esposa del líder del PSOE para intentar desbaratar la investigación de Peinado.

“Búsqueda de una posición privilegiada”

La Sala, quizá harta de ese permanente cuestionamiento, recuerda a Begoña Gómez con especial contundencia que se encuentra investigada por la existencia de indicios de que “debía de venir aprovechándose de su proximidad” al presidente del Gobierno, “para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias” a cambio de “contraprestaciones de la más diversa índole”. Y todo con el objetivo de “proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada” en un sector novedoso como el de la captación de fondos por parte de entidades que buscan impulsar “criterios de responsabilidad social competitiva transformadora de la sociedad”.

En ese marco de supuestas influencias sitúa la Sala la relación de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien avaló por escrito en adjudicaciones públicas. Sus empresas, recalca la Audiencia en ese auto que acerca a la esposa de Sánchez al banquillo, “resultaban una pieza clave en el desarrollo e implementación de la cátedra” de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Complutense “para el lanzamiento y supuesta excelencia profesional desde la cual se habrían urdido el resto de actividades”. Sobre esta cátedra, ha puesto de relieve la instancia superior a Peinado, “se proyecta la sospecha delictiva, consistente en una clara desviación de poder”.

Para los magistrados resulta “clara” la determinación de los hechos investigados sobre los que indaga el instructor, que se ciñen -ha vuelto a recordar a Begoña Gómez- a “toda aquella actividad desarrollada por la investigada en relación con el despegue de su actividad profesional”. En un principio -y aunque insiste en que un procedimiento judicial está “vivo” mientras se instruye- en todo lo referente a “la ideación y creación” de la cátedra y en relación con aquellas terceras personas y empresas “que le han dado soporte, financiación, patrocinio, colaboración o ayuda, económica, logística, de formación, o de cualquier otro tipo”.

Barrabés, pieza clave

En ese contexto, la Sala se ha negado a archivar la causa respecto a Barrabés -como sí ha hecho en relación a Goyache, investigado por la creación de la cátedra bajo sospecha, y Güemes, que como directivo del Instituto de Empresa fichó a Begoña Gómez para dirigir el Africa Center-, a quien mantiene imputado para esclarecer once adjudicaciones públicas a su empresa, Innova-Next, por valor de 21 millones de euros “en un corto periodo de tiempo” (entre 2021 y 2022), “ganando a propuestas más ventajosas” y “contando en algún caso con el aval personal de Begoña Gómez como directora de la cátedra”.

La relación entre ambos, ha hecho hincapié la Audiencia por si quedaba alguna duda, “constituye la clave del desarrollo” de la cátedra que codirigía la esposa de Pedro Sánchez, que se utilizó “como plataforma” para impulsar “el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva”. “Esto explica el rápido desarrollo de la citada cátedra”, ha puesto de relieve la instancia superior a Peinado, “con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.

La “colaboración activa” de la asesora de Moncloa

En otra mala noticia para Gómez, la Audiencia ha mantenido la condición de investigada a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que actuó de asistente personal de la mujer de Sánchez en su actividad profesional, gestionando incluso la renovación de la financiación de su cátedra con empresas como Reale Seguros, o acompañándola regularmente a sus reuniones en la Universidad Complutense. Los magistrados respaldan en este sentido a Peinado porque la investigación revela según su criterio “su colaboración activa en los fines perseguidos por la principal investigada”.

En este sentido, han apuntado los magistrados, la instrucción también debe encaminarse “al descubrimiento de posibles delitos cometidos a través de la cátedra de Transformación Social Competitiva, en la que también tenía participación Juan Carlos Barrabés como profesor asociado, por su cercanía a Begoña Gómez”. Y lo hacen extendiendo una sombra de sospecha sobre el hecho de cómo Barrabés “de su inicial actividad empresarial relativa a la venta online de útiles destinados al deporte del esquí” se vio catapultado “hacia una exitosa actividad de desarrollo de nuevas tecnologías, con unos importantes beneficios”.

La Razón