Fernando Grande Marlaska está en el gobierno desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa en 2018, lleva 7 años dirigiendo el Ministerio del Interior, pero sus polémicas políticas y judiciales han sido constantes en todos estos años. A pesar de ello, el ministro sobrevive sin dimitir ni ser cesado por el presidente.

Pese a ser el ministro más reprobado por las polémicas que ha protagonizado Grande Marlaska siempre ha mantenido su cartera con el respaldo de Pedro Sánchez.

La destitución de Pérez de lo Cobos fue su primera gran polémica. Lo cesó por negarse a darle información sobre el impacto de la manifestación del 8-M de 2020 en la Covid.

El Tribunal Supremo dijo que era ilegal pero él no dimitió, ni le cesaron.

Pese a la lluvia de críticas, tampoco vio motivos dimitir tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en 2021.

Tampoco por el salto a la valla de Melilla un año después en el que murieron una veintena de migrantes.

En el foco de su gestión los traslados de presos de ETA al País Vasco con el fin de la política de dispersión, puesta en cuestión por la victimas del terrorismo.

Le acusaron de falta de medios por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Uno de los motivos de su reprobación.

Hasta ahora la última desautorización de Sanchez a su ministro: la cesión de control de las fronteras a Cataluña.

Sin embargo, Grande Marlaska se mantiene aún en su puesto.

Y es que el Gobierno, en su conjunto, ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás a Israel, de los que hasta la última consulta en la Plataforma de Contratación del Estado, realizada el 24 de abril de 2025, diez aún no han sido formalizados. Así figura en un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Además quedan por formalizar otros diez contratos más en los que se incluyen la compra de lanzacohetes o misiles antitanque Spike.

Según las Asociaciones de Guardias Civiles, la consecuencia práctica más inmediata de la cancelación del último contrato es que sus agentes no tendrán munición para las prácticas de tiro.