Informe Orwell.- Mientras el expresidente Jair Bolsonaro enfrenta un agravamiento en su estado de salud tras una compleja operación intestinal, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva acelera los procesos judiciales en su contra, en lo que aliados del líder conservador califican como una maniobra para neutralizar políticamente a su principal opositor.

Este jueves, el equipo médico del Hospital DF Star de Brasilia confirmó que Bolsonaro, de 69 años, presentó un “empeoramiento clínico” con una “elevación de la presión arterial” y alteraciones en los exámenes hepáticos, motivo por el cual fue sometido a nuevos estudios. El exmandatario se mantiene en ayuno, con alimentación parenteral exclusiva, y bajo estricta vigilancia médica.

El deterioro de su salud se produce justo cuando la justicia brasileña avanza en la causa que lo señala como supuesto instigador del asalto a los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023. Pese a estar en una unidad de cuidados intensivos, una oficial de justicia se presentó el miércoles en el hospital para notificarle formalmente la apertura del proceso penal.

Fuentes cercanas a Bolsonaro aseguran que la entrega de la notificación en ese contexto fue un “acto de humillación deliberada” y una “provocación” en momentos en que su presión arterial estaba fuera de control. El propio expresidente difundió el video del momento en sus redes sociales, visiblemente molesto, mientras se le advertía que su estado físico se estaba desestabilizando.

Desde sectores bolsonaristas señalan que la ofensiva judicial tiene motivaciones políticas claras. “Lula quiere ver a Bolsonaro tras las rejas antes de 2026”, dijo un diputado cercano al expresidente, quien acusa al oficialismo de instrumentalizar el Poder Judicial para sacar del juego a la figura más influyente de la derecha brasileña.

A pesar de su frágil condición, Bolsonaro había reaparecido brevemente en redes sociales el martes para promocionar una marca de cascos de motocicleta. Este hecho fue utilizado por el Supremo Tribunal Federal como argumento para proceder con la notificación judicial. El entorno del expresidente considera que se está forzando la maquinaria legal sin respeto por su estado de salud.

Bolsonaro, quien fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018, ha sido sometido a seis cirugías en la región abdominal desde entonces. La última, de 12 horas, tuvo lugar el 13 de abril tras una crisis intestinal sufrida durante una gira política en apoyo a una eventual amnistía para los presos del 8 de enero.

Mientras tanto, Lula da Silva ha evitado referirse directamente al estado de salud de su antecesor, pero su administración respalda sin reservas los procesos judiciales en curso, insistiendo en la necesidad de que “todos los responsables rindan cuentas ante la ley”.

En medio de este escenario tenso y polarizado, Brasil asiste a un nuevo capítulo de confrontación entre el lulismo y el bolsonarismo, con una figura central debilitada físicamente pero aún con fuerte peso político en el país. La posibilidad de una inhabilitación o incluso prisión de Bolsonaro se perfila como una jugada clave en la estrategia del oficialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales.