El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo.

Google y Whatsapp envían al juez del Tribunal Supremo los mensajes borrados por el Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz cuando supo que le iban a investigar por revelación de secretos.

Esos mensajes podrian ser la pieza que falta para resolver el puzzle. Porque ya conocemos la conversación entre Pilar Rodiguez, fiscal Jefe de Madrid y el fiscal General en la que le dice que ya tiene el correo que estaba pidiendo insistentemente con la conversación privada del abogado del novio de la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El juez instructor Ángel Hurtado ha abierto una pieza separada, que declara secreta por un mes, en la que incorpora la respuesta de las autoridades irlandesas a las comisiones rogatorias libradas a Whatsapp y Google para que aportasen cuantos datos obraban en su poder respecto del fiscal general para intentar recuperar la información de sus móviles, que fue borrada, así como de una cuenta de correo electrónico.

Al respecto, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un análisis pericial de inteligencia sobre la información procedente de dicha comisión rogatoria limitada a los hechos objeto de investigación y a los días 8 y 14 de marzo de 2024, algo que era preciso en “caso de que fuera exitosa, como parece haber sido”, lo que sugiere que sendas empresas han podido encontrar información relevante para la causa.

Además el juez ha citado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que declare como testigo el próximo 23 de mayo en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

Hurtado denegó el pasado enero que González Amador fuese citado como testigo antes de las comparecencias del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, porque suponía “una dilación para la declaración de los investigados”, aparte de entender que podía resultar perjudicial para el acusado.

Pero la Sala de lo Penal estimó parcialmente el recurso del fiscal general y señaló que “siendo la propia defensa quien solicita la declaración” de González Amador, no ve motivo para su denegación. “Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos”.

También por orden de la Sala, el magistrado ha acordado citar el próximo 16 de mayo a los peritos que firman el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el material intervenido en el registro del despacho de Rodríguez, que es la clave sobre la que pivota toda la investigación y que advierte de la “participación preeminente” de García Ortiz en los hechos.