Juan Carlos Valverde.- La crisis de la vivienda no es un fenómeno casual, sino el resultado de décadas de políticas públicas erróneas, falta de visión y una gestión incompetente por parte de los gobiernos. Durante años, se incentivó a los ciudadanos a invertir en el sector inmobiliario como un valor solido y una forma de asegurar su futuro económico a la vez que se abandonaba paulatinamente la construcción de vivienda publica; Sin embargo, esta estrategia, ha demostrado ser insostenible y ha propiciado el problema actual.

Uno de los mayores errores fue la venta de vivienda pública a fondos buitre durante momentos de crisis económica. Estas decisiones, tomadas con el objetivo de “hacer caja” a corto plazo, tuvieron consecuencias devastadoras a largo plazo. Paralelamente, se abandonó la construcción de vivienda social, y la que quedó disponible se gestionó de manera deficiente, creando guetos marginados donde la ley parece no existir y condiciones de vida precarias. Estos barrios pronto se convirtieron en zonas olvidadas, donde nadie quiere vivir, perpetuando la exclusión social.

Ante esta situación, los gobiernos han eludido su responsabilidad. En lugar de asumir sus errores, han descargado la culpa sobre los ciudadanos, disfrazando su inacción bajo la manida excusa y argumento del “escudo social”. Las intervenciones en el mercado inmobiliario, lejos de solucionar el problema, han generado inseguridad entre los propietarios, quienes, ante el miedo a perder control sobre sus propiedades, retiran sus viviendas del mercado de alquiler o destinan a otras formas menos intervenidas. Esto ha provocado una escasez de oferta y aumentado la picaresca pasándose los propietarios en ocasiones a la economía sumergida o dejando directamente en barbecho la propiedad lo que a su vez ha elevado los precios de manera descontrolada, empeorando aún más la situación generándose así una espiral de muy complicada solución.

Mientras tanto, las promesas de construir vivienda pública se han quedado en palabras. Aunque los gobiernos hablan de proyectos ambiciosos, la realidad es que estos planes tardan años en materializarse y no resuelven la crisis actual. Mientras se espera, miles de viviendas propiedad de entidades públicas, como la Sareb, permanecen cerradas o son nuevamente vendidas a fondos de inversión que, en lugar de ponerlas en el mercado, las retienen para especular con ellas. Este círculo vicioso perpetúa la escasez y la subida de precios, beneficiando a unos pocos en detrimento de la mayoría.

En definitiva, la crisis de la vivienda es el resultado de una incompetencia absoluta por parte de los diferentes gobiernos. Una nefasta gestión de los activos públicos, políticas cortoplacistas y una falta de responsabilidad han llevado a una situación insostenible. En lugar de buscar soluciones reales, los gobiernos han optado por el enfrentamiento y la retórica vacía, disfrazando su inacción como una idílica búsqueda de la “paz social”. Mientras tanto, son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias de una crisis creada por quienes deberían haberla evitado. Y, en el fondo, lo único que parece preocupar a esos gobernantes es aferrarse al poder, sin importar el costo social que ello implique.