El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto al fiscal que se ocupó de los casos del Palau de la Música y del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, para una plaza de nueva creación, la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, donde tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo investiga a García Ortiz, jefe del Ministerio Público.

Así lo ha acordado tras el Pleno del Consejo Fiscal celebrado este martes, donde se decidían las jefaturas de cuatro unidades especializadas de la Fiscalía: la de delitos contra la administración pública, la de delitos económicos, la de seguridad vial y la de violencia de género.

De estos cuatro puestos, destacan los dos fiscales de sala para coordinar las nuevas unidades especializadas de la Fiscalía que se crearon como parte del Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno: una de delitos económicos contra la Hacienda Pública y otra de delitos contra la administración pública.

Para esta última, García Ortiz ha nominado a Sánchez Ulled, hasta ahora consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea; mientras que para la primera ha propuesto al actual fiscal de sala delegado de delitos económicos, adscrito a la sección penal de la Fiscalía del TS, Fernando Rodríguez Rey.

La plaza de fiscal de sala para coordinar delitos contra la administración pública era la más polémica.

De hecho, fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no han votado en lo referente a este puesto.

Las citadas fuentes precisan que Sánchez Ulled ha sumado los cuatro votos restantes: los dos de la Unión Profesional de Fiscales (UPF) y los dos de las vocales natas –la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite–.

En la misma línea, Rodríguez Rey ha contado con estos cuatro apoyos, mientras que la Asociación de Fiscales ha respaldado a Luis Rodríguez Sol y la APIF a Carmen Launa, dos fiscales anticorrupción.

Cabe recordar que se trata de nombramientos discrecionales donde el fiscal general debe escuchar al órgano consultivo sin que la opinión que emita sea vinculante, por lo que puede optar por un candidato distinto al avalado por la mayoría.

“NI ÉTICO NI ESTÉTICO”

El pasado octubre, los vocales de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) votaron en contra de la creación de la unidad especializada en delitos contra la administración pública al considerar que hay un “solapamiento de competencias” con la Fiscalía Anticorrupción que podría acabar arrebatando a esta última determinadas causas.

En vísperas del Pleno, la AF envió una carta a García Ortiz donde le instaba a abstenerse de participar en esta propuesta de nombramiento, dado que el candidato elegido tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito por el que le investiga el Tribunal Supremo. “No resulta ni ético ni estético” que proponga candidato para este puesto, dijo la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado.

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Sin embargo, García Ortiz ha desoído la petición de la AF, llevando a cabo esta propuesta de nombramiento, al considerar que no existe el “interés personal” alegado por la asociación profesional.

“DE EXCEPCIONAL GRAVEDAD”

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que es de “excepcional gravedad” la decisión tomada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de nombrar a quien “tendrá que posicionarse sobre su futuro judicial”.

“¿Puede un fiscal general del Estado imputado decidir quién va a fiscalizar los delitos que a él se le imputan? No parece muy normal ni democrático”, ha asegurado Cuca Gamarra, para insistir en que el “imputado” García Ortiz ha nombrado a “quien tendrá que posicionarse sobre el futuro judicial del propio fiscal general del Estado que le ha nombrado”.

La ‘número dos’ del PP ha señalado que este episodio evidencia que “la degradación democrática con el sanchismo es imparable”.A su entender, García Ortiz “sigue en su puesto porque Pedro Sánchez le protege, le respalda y le necesita para frenar todas esas investigaciones que le afectan”. “Y por ello es el propio imputado quien nombra a quienes pueden protegerle tanto a él como a Pedro Sánchez y a todo su entorno”, ha resaltado.

“Ahora al Gobierno sólo le quedaría una salida y es rechazar esa propuesta que ha hecho hoy el fiscal general del Estado y que evidentemente sitúa a España muy lejos de los estándares democráticos que merecemos”, ha finalizado.