La jueza reactiva el caso de corrupción que salpica al sinvergüenza de Miguel Ángel Revilla en pleno choque con Juan Carlos I
El secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla
La jueza que investiga el escándalo de corrupción que salpica a Miguel Ángel Revilla ha dado un nuevo impulso a la instrucción con la citación a declarar de varios testigos e imputados en las próximas semanas, en pleno choque entre Juan Carlos I y el expresidente de Cantabria por supuestas injurias y calumnias de este último.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, ha prorrogado seis meses más la investigación de un caso que llevó a la dimisión del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa, en marzo de 2023. Es la cuarta prórroga que solicita la magistrada y que le conceden, como también un refuerzo en el órgano judicial. Ambas cosas, por la magnitud de la causa que tiene entre manos.
Cuando Gochicoa dimitió, Revilla aseguró que ponía «las dos manos en el fuego» por él, que estaba «limpio absolutamente» y que su consejero se iba por responsabilidad, porque «fallaron los controles». También cayeron por aquellos días de marzo de 2023 el número dos de la Consejería y director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús, y el subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín.
El caso afecta doblemente a Revilla, en cuyo Gobierno anidó una trama en torno al jefe de servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez. Le afecta como presidente regional que era y, también, como líder del Partido Regionalista de Cantabria que sigue siendo (lo es desde hace más de 37 años): como contó El Debate, la UDEF estableció un nexo entre esta trama y la formación regionalista a través de su tesorero, al que los investigadores hallaron vínculos con la mujer del cabecilla, Díez.
Éste es el principal imputado y está acusado de haber cobrado comisiones por valor de más de 2,9 millones de euros a cambio de redactar informes técnicos favorables a las empresas implicadas para que resultaran adjudicatarias de contratos de obra pública. Los investigadores de la Policía comprobaron que el presunto corrupto sólo operó durante los años en los que el partido de Revilla estuvo en el poder. Durante la etapa del PP, entre 2011 y 2015, Miguel Ángel Díez no registró ningún cobro de mordidas y el negocio de las empresas investigadas con la administración regional cayó estrepitosamente. Pero al regresar el PRC volvió a las andadas.
El supuesto cabecilla ya pasó en prisión provisional seis meses por riesgo de fuga, aunque lleva en libertad desde septiembre de 2023. Se enfrenta a delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos. También están imputados su mujer, sus dos hijas veinteañeras, a las que su padre utilizaba para blanquear las comisiones, y diversos responsables de cuatro empresas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.
La prórroga del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha pillado a Revilla en plena tournée mediática, después de que el pasado 4 de abril Juan Carlos I demandara al político por injurias y calumnias. Este último se sentó el sábado en el plató de laSexta Xplica. Sin embargo, en ningún momento habló de cómo, durante años, su jefe de Carreteras recibió presuntamente mordidas de empresarios autonómicos sin que saltaran los controles. A cambio de la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios.
En su entrevista del sábado, Revilla presumió de que ha estado 75 veces en el prime time de Antena 3 y La Sexta, que es el número que suman sus participaciones en El Hormiguero y laSexta Xplica, pero sin pedir ni un céntimo. «Yo no he cobrado nunca nada ni cobraré nunca nada», sostuvo.
La jueza Compostizo tomará declaración a varios testigos el 28 de abril, y los días 14 y 15 de mayo se sentarán ante ella diversos imputados. Un día después, el 16 de mayo, es la fecha prevista para el acto de conciliación entre el Rey Juan Carlos y el expresidente de Cantabria.
Curiosamente, ambas citaciones se celebrarán en el mismo lugar: en la sede judicial de Las Salesas de Santander. No obstante, ni demandante ni demandado están obligados a acudir, sino que basta con que estén sus respectivos abogados.
