Resulta inaudito que Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención del Tribunal Supremo, pudiera ayer burlar de nuevo a la Justicia, entrar en España, llegar a Barcelona, dar un discurso y desaparecer sin ser arrestado.

Torpeza o connivencia, los responsables policiales, empezando por el Ministerio del Interior, han incumplido gravemente sus deberes.

Para empezar, la entrada de Puigdemont en España debería haber sido detectada para proceder a su detención antes de que llegase a Barcelona. Pero que el expresidente de la Generalitat pudiera acudir a un acto donde su presencia estaba prevista y anunciada con antelación, hablar en público durante cinco minutos y luego desaparecer, sin ser arrestado, resulta incomprensible. Tanto más, cuando el hecho tuvo lugar en medio de un amplio despliegue de la Policía autonómica catalana.

La ineficacia policial fue tan clamorosa que es imposible no preguntarse si se trató simplemente de torpeza o si hubo algo más, un designio por parte de los responsables políticos de los Mossos, y quizá del propio Gobierno central, de permitir a Puigdemont hacer su voluntad. Esto es algo que será necesario aclarar, porque en todo caso tanto el consejero saliente de la Generalitat como el ministro del Interior tienen una clara responsabilidad política en este vergonzoso espectáculo y deberán dar cuenta de ella. Como será necesario establecer las complicidades que sin duda ha habido con esta segunda fuga, que no serán pocas y que merecen, por supuesto, la correspondiente sanción penal.

En definitiva, se permitió ayer que Carles Puigdemont, enemigo declarado de la democracia española, consiguiese los objetivos que se había marcado: ensombrecer la investidura de su adversario Salvador Illa, que va a ser el primer presidente no separatista de la Generalitat desde 2010, y dejar en ridículo al Estado español, a España, burlándose de la Justicia en las mismas narices de las Fuerzas de Seguridad.

Y no cabe olvidar que este personaje, que lleva casi siete años huido, que desprecia el decoro de las instituciones e incluso degrada su propia dignidad personal, al negarse a dar la cara y asumir las consecuencias judiciales de sus acciones, ha sido y sigue siendo un aliado del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. Un presidente del Ejecutivo que ha puesto su continuidad en la Moncloa y el desarrollo de la legislatura en manos de quien con toda desfachatez ofende y ridiculiza a España y a la democracia. Difícilmente cabe imaginar peores circunstancias para que un Gobierno español pudiera desarrollar la labor que le corresponde.