El narcotráfico y sus redes vuelven a ser problema de primer orden en varias regiones del país. La muerte de dos guardias civiles, embestidos por una narcolancha, revela fallas en la dotación de los cuerpos de seguridad, muy insuficiente. El narco mueve la economía de comarcas enteras, donde la corrupción prende también en los cuerpos policiales.

La muerte el 9 de febrero de dos agentes de la Guardia Civil en aguas del puerto de Barbate (Cádiz) tras ser arrollados por una narcolancha ha vuelto a escenificar en España la gravedad del problema del narcotráfico en las regiones meridionales del país, especialmente en el sur de Andalucía. La comarca del Campo de Gibraltar lleva años siendo uno de los centros neurálgicos del tráfico de drogas en la península.

Las imágenes de una narcolancha, que son embarcaciones de unos 15 metros de eslora con motor fuera de borda, utilizadas para tráfico de drogas e inmigrantes en la zona, impactando contra una lancha motora de la Guardia Civil tipo Zodiac (apenas 6 metros y potencia muy inferior) han copado informativos y redes sociales, evidenciando la magnitud de un problema que llegó a ser contenido hasta 2022, pero que ahora se desboca. De los ocho detenidos, seis permanecen en prisión.

Los narcotraficantes se mueven con impunidad y gozan de amplias estructuras de apoyo entre la población, mientras que los medios de las fuerzas de seguridad son escasos y claramente insuficientes para atajar el problema. En el ámbito judicial, los juzgados de las zonas afectadas se hallan en situación casi de colapso, dado el volumen de causas abiertas.

El funeral de los agentes caídos se distinguió por la tensión, pues la viuda de uno de ellos se negó a aceptar una medalla a título póstumo que le hacía entrega el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien la oposición en el Parlamento pide la dimisión, así como las asociaciones de guardias civiles y policías.

Una estructura cooperativista

La situación que afecta a amplias zonas costeras en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Granada es muy compleja, con multitud de factores. Uno de ellos, el socioeconómico, es esencial. El nivel de desempleo en comarcas como Campo de Gibraltar rebasa el 30% (casi el 70% entre los jóvenes) y marca una economía deprimida.

Sin embargo, no es raro ver a muchos jóvenes conduciendo vehículos de alta gama o vistiendo ropa cara. Y es que el narcotráfico es parte importante de la economía local, donde las redes de la droga se expanden por toda la sociedad y han tejido toda una estructura social, a la que alimenta y donde encuentra apoyo. Para evadirse de la presión policial en el Campo de Gibraltar, la actividad también se ha trasladado a la vecina provincia de Huelva, con 122 km de costa.

“Se constata en esta provincia la proliferación de organizaciones de colaboración que funcionan a modo de cooperativas ilícitas que dan cobertura a organizaciones gaditanas, contando con miembros propios que subcontratan mecánicos, pilotos, tripulaciones, collas para la descarga, encargados de guarderías, etcétera”, se describe en la Memoria 2022, la última disponible, de la Fiscalía Especial Antidroga.

El resultado es que el narco vive en simbiosis con las sociedades locales, donde cuenta con muchos apoyos y hay una estructura de trabajo donde las distintas labores se subcontratan: los pilotos de las lanchas, los mozos que descargan los fardos, los conductores de los vehículos todoterreno que se los llevan, etc. Incluso los muchachos encargados de vigilar y dar la voz de alarma, la tarea menos complicada, se llevan 600 euros por noche.

Y se producen situaciones como la ocurrida en 2018, cuando 20 encapuchados evacuaron por la fuerza al narco Samuel Crespo, que se hallaba ingresado en un hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) con escolta policial. Esto y otros episodios de violencia motivaron la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad, para el cual ese mismo año se creó especialmente el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-sur).

¿Por qué desmantelaron el plan?

Fruto de la actividad policial supervisada por el OCON-sur para el Campo de Gibraltar y otras comarcas del sur de España, entre 2018 y 2022 se detuvo o investigó a 19.907 personas por delitos de narcotráfico o contrabando y se incautaron de unas 1.400 toneladas de estupefacientes, según datos del Ministerio del Interior.

Pero estos éxitos policiales también se han traducido en un atasco judicial monumental. Según la Memoria 2022 de la Fiscalía Especial Antidroga, los juzgados están al borde del “colapso”. Hay juicios pendientes desde 2011 e incluso alguno desde 2007. No hay medios suficientes.

“Se dan graves retrasos en las instrucciones de las causas, especialmente notorios en casos de investigación de blanqueo”, se afirma en la Memoria 2022. La dilatación de los casos, en particular los más complejos, termina por beneficiar a los narcos, que acceden a la libertad provisional y a su “frecuente desaparición”.

Por una parte, el trabajo que coordinaron los 150 agentes especializados del OCON-sur murió de éxito. Con la actividad delictiva disminuida, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió poner fin al OCON-sur en verano de 2022. La razón, aparentemente, fue que ya no había motivo para sostener los altos gastos del dispositivo.

Pero fuentes internas señalaron también otros motivos; un modus operandi sujeto a crítica y que colaboró al atasco judicial: balizas de geolocalización sin control, arresto de inocentes, altos sueldos, ausencia de autorizaciones judiciales, “amistades peligrosas” y contactos sospechosos, etc. El jefe del OCON-sur, el teniente-coronel de la Guardia Civil David Oliva, irá a juicio por corrupción y ya fue investigado en 2023 por la Audiencia Nacional por revelación de secretos y cohecho.

Es decir, la imbricación del narco en las zonas afectadas llega a las estructuras de las fuerzas de seguridad, donde de manera regular se producen investigaciones y detenciones entre sus miembros. En otras palabras, los tentáculos del narco también alcanzan a la Policía y la Guardia Civil. En los primeros tres años de vigencia del Plan Especial contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar (2018-2021), fueron detenidos 34 agentes de la zona por sostener contactos con narcos, entre ellos el que fuera jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

“Las unidades de Asuntos Internos están viajando al sur constantemente”, admite a Sputnik una fuente policial que trabajó hasta 2023 en este departamento de la Policía Nacional. “Se mueve mucho dinero y hay muchos implicados”, lamenta.

Medios escasos e indefensión

La muerte de los dos agentes de la Guardia Civil embestidos por una narcolancha ha destapado una situación en la que, una vez disuelto el OCON-sur, los medios se revelan insuficientes. Los agentes fallecidos pilotaban una simple Zodiac para submarinistas porque las seis patrulleras con las que cuenta el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la zona, de mucha mayor eslora, estaban averiadas.

La Fiscalía Especial Antidrogas habla de una batalla “desigual” frente a bandas cada vez más violentas, especialmente en localidades como Barbate o La Línea de la Concepción, muy peligrosa. Y en esta situación, sin los medios adecuados y temiendo por su vida, no es de extrañar que muchos agentes se vean indirectamente obligados a hacer la vista gorda.

“El buen policía es el que vuelve a casa todos los días. Eso es lo que me decía a mí un veterano durante mis prácticas”, explica la fuente anteriormente aludida, que admite que es duro ver cómo España envía armas a Ucrania mientras sus compañeros no tienen aquí los medios necesarios. “Suelen ser conservadores [los policías y guardias civiles], pero también hay muchos que están en contra de la financiación de la guerra en Ucrania”, señala.

La localidad en la que fueron mortalmente arrollados los guardias civiles, Barbate, es considerada un “destino maldito”, según el testimonio de varios agentes locales, a los que el narco suele amenazar y advertir que los tiene vigilados en sus rutas cotidianas. En las playas, no pocas personas saludan la actividad del narco y da vítores de apoyo cuando las narcolanchas consiguen zafarse de la persecución policial. La embestida mortal fue saludada con vítores, hecho que se está investigando. Es mucha la gente que vive directa o indirectamente del narcotráfico, a cuyos líderes se adula en tanto que referentes.
Poco importa que fruto de las operaciones policiales en los últimos años se haya conseguido atrapar y encarcelar a los capos del negocio. Por ejemplo, a los hermanos Antonio y Francisco Tejón, líderes del clan Los Castañas, que llegaron a controlar el 70% del hachís que entraba a España por Cádiz y al que a uno de ellos la población local pagó por crowfunding el importe de su fianza para su puesta en libertad. Otros huyeron, como Abdelá Haj Sadek Membri, conocido como el Messi del hachís.

“Siguen mandando los jefes, lo hacen desde prisión o desde Marruecos, eso sigue igual”, confesó un agente de la Guardia Civil de la zona. Si los jefes caen, toman el relevo sus lugartenientes, y así sucesivamente. Y a pesar de los golpes policiales, hay clanes que siguen controlando el tráfico de la zona, como el de Los Pantojas.