Marcelo Duclos.- Este jueves, Manuel Adorni hizo un anuncio importante en materia de la lucha contra la corrupción en Argentina, uno de los grandes problemas que aquejan a la administración gubernamental hace décadas. Según el vocero presidencial, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona,”le va a sugerir al procurador general, Eduardo Casal, la creación de una fiscalía especial”. Esta oficina se enfocará especialmente en los casos de “enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”, señaló.

De esta manera, el gobierno de Javier Milei propone una iniciativa positiva, luego de la impúdica corrupción del kirchnerismo durante dos décadas. En la última campaña presidencial, el caso de Martín Insaurralde, con sus viajes en yate por Europa que no coincidían ni con su patrimonio legal ni con sus ingresos, fue uno de los principales temas de discusión política en Argentina.

Sin embargo, el caso del exintendente de Lomas de Zamora no es el primero ni el último, en un espacio político plagado de hechos de corrupción. No hay que buscar mucho en el peronismo, incluso. Cristina Kirchner tiene problemas para justificar hasta lo que tiene blanqueado y el expresidente Alberto Fernández, que ni siquiera contaba con una propiedad a su nombre en el país (por lo que vivía en la casa de un amigo en Puerto Madero antes de mudarse a la Quinta de Olivos) ahora está en un exclusivo barrio de Madrid, manejando un coche de alta gama y disfrutando cenas de miles de euros.

El anuncio de Adorni sobre la fiscalía especial es una iniciativa muy sana por dos cuestiones. Lógicamente, por el incremento de los controles a la dirigencia política, pero también por tratarse de una medida impulsada por un gobierno que comienza por controlar a sus propios funcionarios de la actualidad.

Sin embargo, ¿es esta la mejor y más eficiente medida del gobierno de Javier Milei en materia de la lucha anticorrupción? Definitivamente no. ¿Cuál es entonces? Ninguna concretamente, sin embargo, este gobierno está en condiciones de reducir a la mínima expresión el problema eterno de la corrupción en Argentina y ya lo está empezando a hacer.

¿Cómo? Simple. Con la reducción de la burocracia y, sobre todo, la eliminación de las prerrogativas de los funcionarios públicos. La multiplicación de normas que impulsó el kirchnerismo se convirtió en un caldo de cultivo para la corrupción. Es que, detrás de un burócrata que tiene el poder de dar una autorización mediante un sello, ese permiso termina inevitablemente cotizando en el mercado. No importa si el gobierno tiene orientación socialista, peronista o radical. Si toda la burocracia posee el poder de habilitar comercios o clausurarlos por insignificancias o de permitir o prohibir importaciones o exportaciones arbitrariamente, el único desenlace posible es un incremento en el índice de corrupción. No importa si el presidente, el gobernador o el intendente sean personas decentes. El sistema promueve o limita los márgenes para los hechos delictivos.

Entre las nuevas iniciativas del gobierno, solamente para mencionar alguna, está la eliminación de las SIRAS (Sistema de Importaciones de la República Argentina). De esta manera, los funcionarios públicos se limitarán al control estadístico de lo que adquieren los importadores, que ya no tienen que pedir permiso para realizar sus operaciones. En el nuevo sistema, el burócrata encargado puede ser una persona decente o un individuo inescrupuloso. Sin embargo, no tiene más favores para vender ni privilegios para ofrecer. Tiene que hacer su trabajo y limitarse a percibir su salario.

Claro que es deseable que en la función pública trabajen personas decentes, no corruptas, y que existan todos los mejores mecanismos como para rastrear los casos de corrupción. Sin embargo, limitar la cuestión al altruismo y la moral de los políticos y funcionarios, mientras se descuidan los mecanismos y sus incentivos, es dispararse en el pie.

El sistema que promueve en términos generales el nuevo gobierno, es el mejor y más eficiente sistema anticorrupción. Muy superior incluso a los mecanismos directos que el oficialismo promueva para el control directo de los funcionarios.