El diputado del PP, Alberto Casero, tras prestar declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo

Un año y nueve meses de prisión, seis de inhabilitación y el abono de una indemnización de casi 70.000 euros conforman el acuerdo alcanzado este martes entre la Fiscalía y el letrado del exalcalde de Trujillo (Cáceres) Alberto Casero por delitos de prevaricación y malversación en su etapa municipal. Casero saltó al foco mediático por su error en la votación de la reforma laboral en el Pleno del Congreso a primeros de febrero del 2022, una equivocación que permitió al Ejecutivo salvar la norma en la Cámara Baja.

«Nunca se está satisfecho por esto, pero esto es lo que hay», ha dicho Casero a la salida de la Audiencia Provincial de Cáceres tras el acuerdo alcanzado entre las partes durante una audiencia previa que ha durado poco más de una hora. El magistrado ha dictado sentencia oral en estos términos de pena a cumplir tras el acuerdo de conformidad.

La sentencia oral -la escrita será dictada en un plazo de 20 días- declara a Casero autor de delitos de prevaricación y malversación de cinco contratos públicos de servicio, patrocinio o convenios realizados entre marzo del 2017 a diciembre del 2018 en los que se incumplió la formalidad exigida al efecto por la normativa.

Casero, asistido por el letrado Bernardo del Rosal, no entrará en prisión y deberá abonar al consistorio trujillano un pago inicial de casi 10.000 euros y 1.000 euros mensuales durante 60 meses.

Diputado nacional entre el 2019 y el 2023

Alcalde de Trujillo entre el 2011 y el 2019, Alberto Casero se enfrentaba, a tenor del escrito de Fiscalía, a ocho años de prisión, la inhabilitación absoluta durante 20 años y al pago de una indemnización cercana a los 70.000 euros al consistorio.

Diputado nacional entre el 2019 y el 2023, Casero renunció de forma voluntaria a esta acta y su baja del partido en marzo de este año tras la propuesta del Tribunal Supremo de juzgarlo por posibles delitos relacionados con estos contratos municipales. El magistrado del Supremo explicaba que el entonces alcalde de Trujillo concertó con diferentes personas y entidades una serie de contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad

De hecho, el magistrado apuntaba «vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio solo era una parte; plenamente subsumible en el ilícito de prevaricación».

Esta causa tiene su origen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a contratos, acuerdos o convenios concertados con terceros por parte de Casero en su etapa como alcalde. Dado que Casero era diputado nacional, el procedimiento pasó al Tribunal Supremo. Tras dejar su acta, el procedimiento fue devuelto al ámbito judicial cacereño.