Antonio R. Naranjo.- Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente, lo que para millones de españoles equivale a un diagnóstico médico funesto: teníamos cáncer, el tratamiento no ha funcionado y se detecta además metástasis.

El resultadismo sanchista vuelve a imponerse y, más allá de los precios pagados y las catastróficas consecuencias, para él es suficiente: no le importa atropellar a los espectadores si él, un piloto kamikaze, llega el primero a la meta, con la ayuda de tanto orfeón a sueldo dispuesto a calificar su negligente conducción de virtuoso pilotaje.

Sánchez es el tipo que le quitaba el bocata al canijo en el colegio, el que se colaba en los botes de salvamento del Titanic, el que empuja a los ancianos para ponerse el primero en la cola, el que roba un boleto premiado a un tonto y el que, llegado el momento, vendería, delataría o entregaría a su propio padre para obtener la recompensa deseada, como ocurría en aquella Unión Soviética que tanto inspira ahora la perversa concepción democrática del régimen vigente.

El éxito de Sánchez comienza en la deplorable sumisión de tantos, unos por estupidez, otros por sectarismo y los más por dinero; que convierten sus excesos en cualidades y sus abusos en accidentes, siempre derivados de circunstancias externas que los hacen inevitables y necesarios.

Nadie puede argumentar una defensa coherente de lo que Sánchez está haciendo con España y contra ella, lo que explica el nivel de agresividad para defenderlo.

Como es imposible negar la evidencia de que un perdedor se ha quedado con el poder comprándole el voto a los enemigos de su país y comprometiéndose a ayudarles en su tarea destructiva y como nadie puede sostener, por mucho que escuche a la ONG Cretinos Sin Fronteras de Pallín, Garzón o Royo, que la sumisión penal, constitucional e institucional pacifica nada en un país en llamas; solo queda el recurso a criminalizar al adversario.

Todo lo que haga Sánchez, vienen a decir, se justifica en la terrible amenaza que supondría no frenar a sus antagonistas, bastante más peligrosos que esta ilusionante alianza de populistas, terroristas, golpistas e insurgentes con los mismos escrúpulos que una manada de hienas.

España va a tener Gobierno, pero no va a poder ser gobernada, porque es imposible hacerlo señalando a la mitad de la sociedad, prendiendo fuego a la convivencia, destrozando la igualdad entre españoles, privilegiando a los chantajistas y atendiendo, a la vez, las exigencias del coro de vampiros que rodean a Drácula.

Los 18 partidos, uno arriba o abajo, que secuestran a Sánchez y van armados, hacen inviable la segunda obligación de un presidente, tras la primera de respetar y hacer respetar la Constitución: ofrecer un proyecto común a la sociedad, constructivo, reconocible y pegado a las dificultades y esperanzas cotidianas.

El fracaso está asegurado antes de estrenarse siquiera, y la certeza de que será estrepitoso anticipa también el volumen de ruido, violencia, desprecio y confrontación que lo envolverá para disimular un poco el rotundo fracaso.

Pero tampoco hay que engañarse: Sánchez ya ha cubierto su único objetivo logrando la investidura, que es un fin en sí mismo y no un medio, y a partir de ese momento no le importará sumergir de nuevo a España en las tinieblas guerracivilistas, como tampoco engañar a sus aliados y, llegado el caso, disolver las cámaras, convocar nuevas elecciones y dejar allí una boñiga de tamaño proporcional al de su rostro de cemento.

Esto no es una investidura, es un negocio mafioso, y cada uno de sus paladines se lleva su trocito del pastel: los diputados socialistas, con la misma conciencia que una lombriz de tierra, su salario y otros añitos de tripa caliente. Sánchez, la satisfacción de su inmenso ego y un BOE para jugar a los autócratas. Y los separatistas, un presupuesto formidable y la esperanza de que, si la Mafia logra entenderse un poco y se perpetúa, con suerte se carguen al Rey y se transformen en una República norcoreana.

Casi todo está por ver y nos helará la sangre, pero algo es seguro: Largo Caballero ha vuelto y el Frente Popular funciona de nuevo, aunque la sede social esté en Sicilia.