La ley de amnistía que negocia el Gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto muchas heridas entre los catalanes. Los que fueron víctimas del «procés» de una o otra forma sienten que lo peor de aquellos años vuelve con una carga inesperada. Que lo que llevó al referéndum ilegal del uno de octubre de 2017 en realidad no existió y, si lo hizo, fue culpa del Estado y no de los condenados. Cuando están a punto de cumplirse seis años del cenit de aquella locura, los que pagaron un alto precio por mantenerse fieles a sus convicciones suenan ansiosos al otro lado del teléfono. Solo uno de ellos ha accedido a aparecer con su nombre y apellidos. Una señal inequívoca de que sigue imperando la ley del silencio. Estos cuatro ciudadanos aún no se sienten libres para hablar porque temen las consecuencias para ellos y sus familiares. Dos de ellos se han visto forzados a exiliarse de Cataluña.

Todavía se le rompe la voz al otro lado del teléfono cuando recuerda su particular vía crucis. Esta maestra jubilada de Primaria, a la que llamaremos Sara, vivió una situación de acoso y derribo en un pueblo del interior en el que trabajo durante décadas. «El ámbito de la enseñanza ha sido de los más difíciles para los constitucionalistas», admite desde la ciudad fuera de Cataluña en la que trata de vivir una merecida jubilación en paz.

Aunque ella no milita en ningún partido político y se declara «librepensadora», en aquel 2017 cualquier atisbo de crítica al pensamiento único era considerado alta traición. «Recuerdo con especial horror los claustros en los que había que definirse para votar si ir o no a la huelga. Cerca del 1 de octubre la cosa se puso tan tensa que no podía ni entrar en la sala de profesores y acababa comiendo sola escondida en algún aula. Vivía con miedo. Siempre se hablaba de lo mismo; si decías tu opinión, se armaba el lío, y, si callabas, otorgabas». Sara quiere dejar claro que «no se puede generalizar porque no todos me trataban igual», pero lo cierto es que tuvo que adelantar su jubilación y perder algo de dinero para que aquello no se la llevara por delante. «Se empezaron a marchar del colegio los profesores de mi generación y me quedé totalmente aislada. Me tuve que salir de todos lo grupos de whatsapp de trabajo porque allí no se hablaba más que de lo mismo con pullas, ofensas y burlas constantes», continúa. El hecho de que publicara un libro en castellano para niños («Ortorrisas») no hizo más que agravar la persecución. Vigilaban lo que escribía en sus redes sociales y asegura que llegó a entrarle cierta manía persecutoria. «Antes de hablar castellano en el patio, por ejemplo, miraba a ambos lados a ver si alguien me veía. Es una presión sutil que no se puede demostrar, para ellos eras el enemigo».

Esta maestra jubilada asegura que cuando escucha hablar ahora de la amnistía a los condenados por el «procés» se le saltan las lágrimas: «Es que me entran ganas de llorar. Después de todo lo que hemos sufrido, ahora esto. Nos están convirtiendo en víctimas por partida doble porque encima ahora fuera de España nos verán como opresores de los independentistas. ¿Nosotros qué somos? No nos defiende nadie, ni dentro ni fuera de Cataluña. Esto va a ser una injusticia histórica».

El desempeño profesional de Rafael (nombre ficticio), de 39 años, siempre ha estado ligado a la Cataluña profunda. También la vida familiar y personal. En su caso, el hostigamiento por su independencia alcanzó la categoría de delito durante la huelga general del 3 de octubre de 2017. «Había muchísima tensión en los días previos y aquella jornada vino un grupo a hacerme un escrache a la puerta de mi oficina porque no quise cerrar», recuerda. Le colgaron la etiqueta de «fascista» porque su empresa había prestado servicio a partidos de diferente signo político y el estigma le salió caro. «Empezó a decrecer mi negocio considerablemente, así que no me quedó más remedio que expandirme fuera de Cataluña para asegurarme de que no iban a acabar conmigo».

Al mismo tiempo que se producía el acoso en la calle (llegaron a ignorarle en las tiendas del centro del pueblo), se publicaron ciertas informaciones sobre él en plataformas independentistas próximas a las CUP: «Fomentaron mi muerte social exclusivamente para sacar un rédito político». Este año han vuelto a la carga coincidiendo con las elecciones autonómicas del 28 de mayo. «Volvieron a sacar mi cara en afiches diciendo que era un ultranacionalista español, pero en esta ocasión han llegado más lejos. Dos días antes del 28 M aparecieron en mi puerta a las dos de la madrugada llamando al timbre. Confieso que sentí miedo por si abría y llevaban un cuchillo o un bate de béisbol. Al día siguiente, se iba haciendo un silencio total alrededor mío según caminaba por la calle, como si fuera radioactivo».

Rafael tiene denunciado un acoso sistemático que, según él, le ha costado 32.705 euros solo este año por la pérdida de clientes. Ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pese a que se compró una casa este mes de junio, ya tiene todo lista para empezar otra vida junto a su mujer fuera de Cataluña. «No queremos ni tener hijos en este ambiente, no es sano. Lo que me da pena es dejar enterrados a mis abuelos aquí». La amnistía le parece la enésima burla: «Es un insulto a todos los que defendimos la Constitución en la calle. Nos sentimos vulnerables y desamparados. ¿Qué tipo de democracia va a pasar a ser España? ¿Dónde está el Estado? Se va a amnistiar a un grupo de delincuentes».

El caso de Concha, de 58 años, es paradigmático. Criada en una familia «de ocho apellidos catalanes», unos años en el extranjero cambiaron por completo su percepción de las cosas. «Fuera me di cuenta de que no todos los españoles eran cutres y pobres, tal y como se predicaba, y a la vuelta en 2002 fue como si llegara de otro planeta a la Tierra». Cambió ella y cambiaron sus opiniones. «Todo el día estaban torpedeando con lo mismo y yo me acababa callando porque las discusiones eran agotadoras».

En 2017, año del referéndum ilegal, llegó la locura. «Cuando pienso en aquello me entra el miedo y una gran sensación de soledad. Fue todo tan traumático. Lo único que salvaría de aquellos días fue el discurso del Rey. Me hizo sentir que los constitucionalistas no estábamos solos». No puede creer aún que la amnistía que negocia Pedro Sánchez vaya a ser una realidad: «Es una barbaridad, no hay derecho. Nunca han pedido perdón y dicen que lo volverán a hacer. Es un desastre para Cataluña y para España. Los que cumplimos la ley y pagamos nuestros impuestos somos los perseguidos y los maltratados, ahora también por el Gobierno. Van a premiar a los que nos pusieron a todos en la picota».

Jaume es la única persona de este reportaje que se ha avenido a dar nombre y apellidos. En su caso, la candidatura por Cs en 2019 en Vic lo sacó del armario y no teme más represalias. En realidad, porque ya las ha sufrido todas. Recuerda que aquella militancia en la formación naranja la valió «todo tipo de hostilidades». «Me afectó tanto a nivel familiar como social, con los amigos», recuerda. La pandemia ayudó a suavizar las cosas aunque la política nunca más ha vuelto a ser un tema de sobremesa. «Aquí todo es una distopía totalitaria. Tengo 59 años y no viví el franquismo, pero los que lo vivieron lo describen igual», explica este antropólogo social. A él lo convirtieron en un apestado, un paria.

«El acoso se produjo sobre todo en las redes sociales. Tuve que cancelar mi Facebook. El día que anuncié la candidatura me llamaron de todo menos guapo. Me insultó hasta gente que consideraba mi amiga. Fue muy doloroso». Sobre la amnistía dice que «todo es un disparate, pero es mejor esperar y ver qué ocurre finalmente». Lo que no alcanza a comprender es que se puedan condonar los delitos cometidos en el «procés»: «A mí, que soy un civil, si ocupo un aeropuerto o una autopista me juzgan y me condenan. Lo que ellos hicieron no fueron acciones políticas. No tuvo nada que ver con eso».