Gabriela Moreno.- La salida de fondos públicos españoles para financiar la parafernalia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ahora incluye el gasto de 77000 euros, los cuales se destinarán a un estudio feminista sobre los “estereotipos y prejuicios cisheteronormativos” dentro de la comunidad LGTBI con discapacidad.

La investigación rebuscada de Montero se basa en los términos más radicales del feminismo que considera como “cisheteronormativo” ―nombre en tono peyorativo que usa la funcionaria para describir a la heterosexualidad― al conjunto de ideas, normas sociales, creencias y cultura que rigen a las personas cuya identidad de género se corresponde con la que le fue asignada al nacer.

Para la ministra, el estudio feminista demostrará que existe un modelo único de relación sexoafectiva y parental implantado en la sociedad. De esta forma, a través de este “paradigma” ―según el mencionado sondeo― se establecen “ventajas” para aquellos que asumen el rol que va de acuerdo con su sexo biológico, generando discriminación hacua aquellas personas que “optan por la diversidad”.

¿El estudio es absurdo o complicado? Parece ambas, cuando la iniciativa de Montero surge mientras el país está en medio de un limbo electoral, tras los comicios del pasado domingo que no dejaron claro un resultado sobre quién será el próximo presidente del gobierno español, obligando a los partidos a buscar alianzas cuesta arriba, en especial para el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Además, el anuncio marca el regreso de Montero a la escena política, luego de que Podemos quedara menguante con sólo cinco diputados en Congreso, cuando el partido Sumar de Yolanda Díaz, exmilitante de la tolda, duplicó la cifra, al alcanzar diez curules, el mismo número con el que ahora cuenta Izquierda Unida (IU). Esto confirma el desplome de los morados y el fin del ciclo que Pablo Iglesias lideró en 2019, cuando Podemos logró 23 escaños.

En licitación

La alta funcionaria izquierdista defiende al estudio feminista, por considerar que lo que ella denominad “cisheteronormativo” es “una forma de discriminación hacia el colectivo LGBTIQ+, debido a que da invisibilidad a la diversidad sexual y a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con estas ideas”.

Nada puede pararlo. La licitación para adjudicar el contrato ya comenzó porque según Montero lo requiere para “impulsar políticas públicas eficaces, basadas en la evidencia de los datos y el rigor de la comprobación, y no en la intuición o en los estereotipos”.

De hecho, su es que el estudio examine los ámbitos donde hay mayor discriminación por motivo de la «orientación sexual o identidad de género», así como las “necesidades y demandas” del colectivo porque “en España siguen existiendo numerosos obstáculos que impiden que la igualdad legal se convierta en una igualdad real y efectiva. Uno de ellos, de especial gravedad, son los delitos de odio cometidos por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Una retórica típica

Su despacho cree que “es necesario concienciar al conjunto de la ciudadanía y poner en valor la diversidad sexual, de género y familiar, desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes y resilientes”.

Es la retórica típica de la militante del partido Podemos, que ha liderado estudios e informes sobre ideología de género relacionados con la transexualidad.

Una edición reciente concluyó que las mujeres trans son las que “sufren más tabú sobre la menstruación que el resto de mujeres” y “tienen mayor dificultad económica en adquirir productos menstruales” e incluso sostenía que “tienen un mayor conocimiento del aparato reproductor femenino” o “ven la menopausia como un problema para la mujer”.