Las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero, ayer

Daniel Lacalle.- Es increíble que se haya generado una enorme polémica por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo afirmando que «la economía española está estancada». La realidad es que no le falta razón por mucho que le moleste a la propaganda gubernamental. Los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el INE reflejan dos trimestres consecutivos de contracción de la demanda nacional.

El gasto en consumo final de los hogares cayó un 1,3% en el cuarto trimestre de 2022 y también bajó un 1,7% en el primer trimestre de 2023. La demanda nacional ha caído un 1,6% en los dos últimos trimestres, bajando un 0,8% cada trimestre, y la inversión privada se ha reducido un 0,7% en los últimos tres trimestres. Eso, señores, es estancamiento.

El PIB se sostiene por la recuperación admirable del turismo –que tanto han demonizado los ministros del Gobierno de Sánchez–, el efecto del gasto público financiado con deuda, el efecto extraordinario de los fondos europeos y la caída de los precios de las materias primas en los mercados internacionales –que reduce las importaciones– y, con ello, la aportación exterior al PIB mejora son todos factores externos.

Ya tenemos los datos de toda la eurozona del primer trimestre y, de nuevo, España aparece a la cola en recuperación. A pesar de fabulosa buena marcha del turismo –ese sector atacado por el Gobierno en innumerables ocasiones–, España no recupera aún el PIB de 2019 y se queda muy por detrás de los 24 países comparables, con la mayor tasa de paro de la OCDE y de la UE con mucha diferencia y con el mayor aumento de deuda sobre PIB de los países de la Unión Europea, cinco veces más que la media, según los últimos datos de Eurostat. Este mal desempeño se puede ver también en las expectativas de la OCDE, que muestran que España no bajará de un 12% de paro en 2024 ni del 109,9% de deuda sobre PIB, un déficit estructural de 3,2% del PIB anual y con una estimación de inflación del 3,9% en 2024, que también superaría a la media de la eurozona.

Sin embargo, es alarmante ver la rapidez con la que el Gobierno de España ha empobrecido a los españoles. Mientras se vanagloria de «bajar la luz», Eurostat desmonta la propaganda y recuerda que la tarifa eléctrica en España es un 22% más cara que en la media de la UE, una de las más altas y muchísimo más alta que la de Portugal, que también aplica la «excepción ibérica». El timo ibérico en España te pasa el coste del tope del gas por otro lado en la misma factura.

Los datos de Eurostat delatan el empobrecimiento de toda la población. El PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo se ha desplomado de 91 en 2018 a 85 en 2022, siendo 100 la media UE y 93 el nivel que tenía España en 2017. Es decir, perdemos puestos con respecto a la media y nos adelantan países como Eslovenia, la República Checa, Chipre, Lituania o Estonia. Estos datos son especialmente preocupantes cuando, además, España es el país donde más ha aumentado la presión fiscal sobre las familias.

La recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se ha disparado un 42%, con los salarios reales sin reflejar aumento desde 2019 y las horas trabajadas desestacionalizadas aún por debajo de los niveles de 2019.

No, el señor Feijóo no se equivoca en su diagnóstico de la economía pero, sobre todo, cualquier economista debería estar preocupado cuando esa ristra de pobres datos se ha generado despilfarrando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia.

¿Qué pasará cuando se desvanezca el efecto placebo de los fondos europeos, el viento de cola de la recuperación turística y las materias primas baratas, y el Ejecutivo agote el masivo apalancamiento acumulado? Hay que prepararse para un entorno mucho más difícil porque el Gobierno lo deja sin hacer los deberes.

La Razón