La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia si investiga a las 44 personas condenadas por su pertenencia a ETA que han sido incluidas en las listas electorales de EH Bildu tras recibir la denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia en la que su presidente, Daniel Portero, instaba a comprobar si las candidaturas son válidas.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha informado que tras recibir el citado escrito “ha procedido a su registro, y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales”.

En su escrito, DyJ alerta de que “están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo, y siete de ellos por asesinato terrorista y que concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo”.

Caso Otegi, el precedente
En este sentido, la asociación sostiene que “es deber y obligación del Estado de Derecho ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones”, comprobando si todos ellos han cumplido sus respectivas condenas.

Así las cosas, señala que “ya existen precedentes en los que esta asociación ha denunciado hechos esencialmente idénticos en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, como es el caso de Iker Casanova Alonso”.

“Otro precedente lo constituye el caso de Arnaldo Otegi”, añade la denuncia, que recuerda que la Junta Electoral de Guipúzcoa acordó en agosto de 2016 excluir al actual líder de EH Bildu como candidato, “evitando así la concurrencia a unas elecciones autonómicas de un condenado por delito de terrorismo, con la pena de inhabilitación sin cumplir”.