El impacto de la invasión sobre la economía de Ceuta se sitúa en una horquilla entre los 65 y los 74 millones
La crisis que atraviesa Ceuta desde la invasión de finales de julio ha dejado un impacto económico acumulado de entre 65,55 y 74,34 millones de euros hasta el 30 de septiembre, según la última estimación contenida en el informe que los responsables de la Cámara de Comercio han presentado hoy en rueda de prensa. El balance incorpora las pérdidas empresariales y de consumo, así como la afección a la actividad portuaria, y confirma que septiembre no ha supuesto una recuperación de la actividad económica ordinaria.
La horquilla calculada por la institución cameral equivale a entre el 3,53% y el 4% del producto interior bruto (PIB) anual de la ciudad. Se trata de una referencia para dimensionar la magnitud del perjuicio estimado en apenas dos meses, no de una caída contable del PIB en esos porcentajes.
El informe, elaborado a partir de una encuesta a 302 empresas, datos estadísticos oficiales y referencias económicas sectoriales, sitúa el escenario central en 65.551.031 euros y eleva el impacto hasta los 74.340.750 euros en la hipótesis de mayor afección portuaria. La propia Cámara advierte de que estas cantidades no recogen todos los perjuicios derivados de la crisis ni incorporan la totalidad de sus posibles consecuencias futuras.
Septiembre suma hasta 41,3 millones en pérdidas
Hasta el cierre de agosto, la Cámara había estimado unas pérdidas económicas directas de 33.038.768 euros. Durante septiembre, las pérdidas empresariales y la reducción del consumo sumaron otros 18.599.743 euros, a los que se añade el impacto específico sobre el puerto, cifrado entre 13.912.520 y 22.702.239 euros.
De este modo, el perjuicio estimado exclusivamente para septiembre se sitúa entre 32.512.263 y 41.301.982 euros. La institución considera que la persistencia de las pérdidas resulta especialmente preocupante porque la crisis continúa abierta y las empresas no encuentran todavía condiciones para iniciar una recuperación.
“No es el mes de la recuperación económica”, ha subrayado durante su comparecencia el secretario general de la Cámara, Joaquín Mollinedo. De hecho, alrededor del 60% de las empresas consultadas considera que octubre será igual o peor que septiembre, según los datos expuestos durante la rueda de prensa.
La evolución confirma que la recuperación puntual de algunas compras, como las vinculadas al inicio del curso escolar, no ha sido suficiente para compensar la debilidad de la demanda. El deterioro de los ingresos mantiene bajo presión la tesorería de las empresas, que deben afrontar nóminas, alquileres, suministros y pagos a proveedores pese a registrar unas ventas muy inferiores a las habituales.
La prolongación de esta situación reduce su capacidad para sostener la actividad y aumenta el riesgo de que las dificultades de liquidez acaben afectando a la continuidad de los negocios. El presidente de la Cámara. Karim Bulaix, ha advertido de que, sin una solución a la situación que ha originado la crisis, “no va a haber dinero ni ayudas suficientes para poderlo corregir”, y ha alertado de que podrían producirse cierres empresariales y nuevas pérdidas de puestos de trabajo.
El comercio y la hostelería continúan entre los sectores más perjudicados. Las empresas que cuantificaron sus pérdidas declararon en septiembre una caída media de facturación del 50,9% en el comercio y del 54,6% en la hostelería. El retroceso alcanza el 62,9% en las agencias de viajes, el 31,8% en los servicios y aproximadamente el 75% en las actividades de ocio y turismo.
La reducción de los ingresos responde tanto a la pérdida de visitantes como al retroceso del consumo de los residentes. La incertidumbre, las alteraciones de la movilidad y la salida temporal de parte de la población han repercutido especialmente en las actividades que dependen de la presencia diaria de clientes.
La demanda turística ordinaria se mantuvo durante septiembre, según el estudio, alrededor de un 80% por debajo de sus niveles habituales. La ocupación hotelera sostenida por los desplazamientos de fuerzas y cuerpos de seguridad, personal militar, funcionarios, periodistas y otros profesionales movilizados por la emergencia no compensa la pérdida de visitantes ni representa una recuperación del turismo convencional.
Esa ocupación extraordinaria ha permitido mantener parte de la actividad de los alojamientos, pero no garantiza la continuidad de los ingresos cuando disminuyan los dispositivos vinculados a la crisis. Además, el retroceso turístico afecta a otros negocios, desde restaurantes y comercios hasta empresas de transporte, ocio y servicios.
Mollinedo ha insistido en que la situación actual no permite hablar de una fase de reconstrucción, como sucede cuando terminan otras crisis. “Nosotros tenemos todavía abierto el proceso de crisis”, ha incidido, antes de advertir de que las perspectivas empresariales apuntan a que la pérdida de actividad continuará durante las próximas semanas.
El empleo crece por la emergencia
La evolución del mercado laboral presenta una aparente contradicción. Aunque durante septiembre mejoraron algunos indicadores generales de empleo, la Cámara advierte de que esa evolución no refleja una recuperación equivalente de la economía ordinaria.
El aumento de las necesidades de personal vinculadas a la seguridad, la limpieza, el mantenimiento, la sanidad y los servicios sociales convive con una pérdida de afiliados en actividades que deberán sostener la recuperación económica cuando termine la emergencia.
Según los datos recogidos en el informe, el comercio perdió aproximadamente 40 afiliados durante septiembre, la hostelería, 58, y el transporte, otros 62. En conjunto, estos tres sectores registraron una reducción cercana a los 160 afiliados.
“La pérdida de facturación se está empezando a notar en la pérdida de empleo”, ha explicado Mollinedo. El representante cameral ha subrayado que el incremento de las contrataciones en actividades relacionadas directamente con la emergencia está ocultando parte del deterioro laboral de los sectores tradicionales.
La Cámara considera que esos puestos de trabajo extraordinarios no pueden interpretarse como una mejora estructural del mercado laboral, ya que responden a necesidades específicas de la crisis y podrían desaparecer cuando disminuyan los dispositivos de seguridad, limpieza y atención sanitaria.
A este retroceso se suma la pérdida de trabajadores autónomos. Según los datos facilitados por la Cámara durante la rueda de prensa, en septiembre desaparecieron 15 autónomos y el descenso acumulado en los dos últimos meses supera los 20. La institución también cifró en un 9,53% la reducción de autónomos en el comercio y en un 12% la del transporte.
La caída del empleo resulta coherente con el desplome de la facturación declarado por las empresas. Con menos ingresos y unos costes de funcionamiento que se mantienen, los negocios encuentran cada vez más dificultades para conservar sus plantillas. El informe cifra en un 37,5 % la proporción de empresas encuestadas que ya ha adoptado medidas que afectan al personal o a su organización laboral. Durante la comparecencia se precisó que esas decisiones incluyen despidos, reducciones de jornada y modificaciones de horarios.
La Cámara alerta de que el crecimiento del empleo extraordinario puede ocultar el debilitamiento de las actividades que generan puestos de trabajo de manera habitual. Cuando disminuyan las necesidades de contratación asociadas a la emergencia, parte de esos empleos temporales podría desaparecer. Si para entonces el comercio, la hostelería y el transporte han perdido actividad, empresas y trabajadores, Ceuta afrontará la recuperación con una menor capacidad para generar empleo estable.
Seguridad y ayudas directas
La recuperación de unas condiciones de seguridad que permitan restablecer la actividad ordinaria constituye, según el informe, una de las principales demandas empresariales. El 88% de las compañías consultadas considera prioritaria la seguridad, mientras que el 80,2% reclama ayudas directas para afrontar las consecuencias económicas de la crisis.
A estas medidas se suman las bonificaciones fiscales o sobre las cuotas empresariales, solicitadas por el 62,3% de las empresas, y el apoyo financiero y las medidas de liquidez, reclamados por el 34,9%.
La Cámara considera necesario adaptar la respuesta institucional a la duración y la dimensión de las pérdidas, con recursos suficientes y procedimientos ágiles que permitan actuar antes de que las dificultades económicas se traduzcan en nuevos recortes de empleo o cierres.
Durante la comparecencia, el presidente Bulaix ha reclamado que se vuelva a distribuir el remanente de las ayudas directas destinadas a autónomos y pequeñas empresas. El presidente afirmó que, de los fondos habilitados inicialmente -que cifró en torno a 35 millones de euros-, la cantidad efectivamente repartida podría no superar los ocho millones, y pidió acelerar una nueva convocatoria para que los negocios reciban liquidez.
La Cámara considera que las ayudas deben llegar antes de que empresas que hasta hace pocas semanas eran viables se vean obligadas a cerrar. La prolongación de las pérdidas, sostuvo Joaquín, está colocando a algunos negocios en una situación de asfixia financiera.
El nivel 2 de protección del puerto, bajo la lupa
La actividad portuaria incorpora una nueva dimensión al balance de la crisis. Desde la elevación del nivel de seguridad del puerto del 1 al 2, el pasado 8 de septiembre, las dificultades operativas y la incertidumbre han añadido presión sobre una infraestructura estratégica para Ceuta, cuya actividad depende de las decisiones de navieras, armadores y operadores que pueden optar por otros destinos.
El presidente de la Cámara aseguró que las consecuencias económicas de esa decisión han sido inmediatas. “Ha habido una caída en la facturación del puerto cercana a los 14 millones de euros”, ha afirmado durante la comparecencia, en referencia al periodo transcurrido desde la aplicación del nuevo nivel de protección.
La Cámara ha elaborado un estudio específico para evaluar la repercusión de ese cambio. Según la explicación ofrecida por su secretario general, el nivel 2 puede implicar más documentación y trámites administrativos, así como la exigencia de medidas adicionales de seguridad para determinados servicios y operaciones portuarias. Esas condiciones pueden traducirse en un aumento de los costes para los operadores.
La principal preocupación de la institución es que las navieras y otras empresas opten por trasladar a puertos próximos servicios que hasta ahora contrataban en Ceuta. La Cámara señala como destinos alternativos a Gibraltar y Algeciras, entre otros, donde se mantiene el nivel 1 de protección y, según su análisis, los operadores no afrontan las mismas exigencias adicionales.
El riesgo, por tanto, no se limita a las pérdidas inmediatas de facturación, sino que afecta a la continuidad de operaciones y contratos. Si las compañías reorganizan sus rutas o trasladan sus servicios a otras instalaciones, recuperar la actividad puede resultar complicado incluso cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron el refuerzo de la seguridad.
El informe recoge también la cancelación de ocho escalas de cruceros previstas para 2026, cuyo impacto directo estima en 728.000 euros. Esta cantidad está incluida en la valoración portuaria correspondiente a septiembre y, por tanto, no debe contabilizarse de nuevo al calcular las pérdidas acumuladas.
A este perjuicio se suma la cancelación de toda la programación de escalas de cruceros para 2027. La Cámara no incorpora esas cancelaciones futuras al balance económico acumulado hasta septiembre, pero las señala como una muestra de que las consecuencias de la crisis pueden prolongarse más allá del periodo analizado.
La estimación global sitúa el impacto portuario de septiembre entre 13.912.520 y 22.702.239 euros. Esta horquilla explica la diferencia entre los dos extremos del balance acumulado: frente al escenario central de 65,55 millones de euros, la estimación más elevada alcanza los 74,34 millones al contemplar una mayor afección sobre el puerto. La cifra de cerca de 14 millones expuesta durante la rueda de prensa se refiere a la caída de facturación que la Cámara atribuye a la nueva situación portuaria, mientras que la horquilla del informe corresponde a la valoración económica de su impacto.
Las empresas de transporte y logística consultadas por la Cámara declararon durante septiembre una reducción media de facturación del 40%, junto con un incremento de sus costes del 17,3%. La combinación de menores ingresos y mayores gastos reduce los márgenes y complica el mantenimiento de la actividad.
Durante la comparecencia también se han valorado las posibles consecuencias del encarecimiento del transporte sobre el conjunto de la economía ceutí. Joaquín Mollinedo ha recordado que la ciudad depende de las mercancías que llegan por vía marítima y advirtió de que un incremento de los costes logísticos puede trasladarse al precio de los productos básicos y repercutir en los consumidores.
El informe recoge, además, que los alimentos registraron en Ceuta una subida cercana al 4%, que la Cámara vincula principalmente a los costes estructurales del transporte. La institución considera necesario analizar con mayor profundidad si el nuevo nivel de protección portuaria contribuye a elevar esos costes.
El balance deja fuera otros efectos que todavía no pueden cuantificarse con suficiente precisión, como las inversiones aplazadas o canceladas, las consecuencias sobre las cuentas públicas y las pérdidas futuras. Tampoco incorpora las cancelaciones de cruceros de 2027 a la cifra acumulada hasta septiembre.
