Hermann Tertsch.- El rey Mohammed VI ha arremetido contra las leyes españolas de inmigración que considera cuajadas de «disposiciones legales obsoletas y fallos judiciales poco realistas». Con la salvedad de que los fallos judiciales se deben precisamente a las leyes, hay que reconocer que el monarca en esto tiene mucha razón. Después ya cuando dice que no aceptará «presiones, amenazas ni chantajes» se nos pone estupendo. Porque lo cierto es que por parte del gobierno de España lo único que ha recibido el régimen de su Majestad es sumisión perruna y colaboracionismo para una invasión de territorio español.

Ni siquiera ha recibido un leve reproche oficial por echarnos encima a cien mil súbditos y dejarnos veinte mil invasores para subvertir el orden y sembrar el pánico en la ciudad española, torturar a los ceutíes con el permanente vandalismo, la agresividad y delincuencia desplegada. Cierto es que, dada la evidente colaboración de Pedro Sánchez y su gobierno con las autoridades marroquíes en permitir que esta invasión se produjera, el reproche de Madrid podría haber tenido una respuesta de Rabat que dejara aun en mayor evidencia la traición a España de su gobierno. Es el último y más trágico capitulo de la trayectoria de servidumbre de Sánchez al gobierno de Marruecos.

Tiene razón Mohammed VI en que en España tenemos unas leyes ridículas de inmigración. Con unas autoridades que aplican siempre en beneficio de la inmigración ilegal y del efecto llamada. Es muy cierto por ejemplo que la política hacia los menores tiene todas las características de un secuestro. Porque los niños alemanes o noruegos o italianos que aparecen solos por España están de vuelta en su familia y en su país en 24 horas. A los niños africanos los adopta de hecho de forma forzosa la administración española.

Eso tiene mucho que ver con una industria que se ha generado en España con la inmigración, de la que el gobierno actual es promotor y beneficiario y sirve para la masiva desviación de dinero público a manos privadas vía ONG, asociaciones y servicios cercanos, todos ellos de la órbita socialista. Y también algunos organismos y ordenes de la Iglesia, para que los obispos españoles nunca duden en aplaudir la inmigración, cuanto mayor mejor. Los gastos por inmigrante y todos los servicios derivados de su masiva presencia suponen unas cifras colosales que acaban en todas estas organizaciones que pagan plantillas y la trama organizativa, propagandística y activista de la izquierda.

Solo hay otra forma igual de eficaz de saquear las arcas públicas sin límite ni recato y es la cooperación internacional. Esta distribuye miles de millones a los proyectos más peregrinos, exóticos y remotos sin que por supuesto haya seguimiento ni trazabilidad real de los fondos que lleguen a esos supuestos beneficiarios. Lo cierto es que en gran parte de esos proyectos la financiación española es incomprensible cuando no grotesca. Y esas partidas tienen por necesidad que responder a otros intereses mucho más lógicos pero inconfesables.

Mohammed VI tiene razón en que España necesita unas leyes mucho más claras y lógicas para su gravísimo problema de inmigración que ya es invasión. Y no solo en Ceuta. Leyes que permitan deportar de inmediato a cualquier ciudadano de cualquier edad y condición sin permiso legal de estar en su territorio. Que evite toda incentivación de la violación de las fronteras por lo que tiene que impedir que los inmigrantes ilegales se beneficien de los servicios sociales, médicos y de vivienda. Y que exija a todos los países de procedencia que acepten a sus ciudadanos. España y la Unión Europea tienen medios para exigir con eficacia este respeto a las naciones de procedencia.

Con Marruecos las relaciones mejorarán con seguridad en cuanto el gobierno en España no sea un lacayo de Mohammed VI sino un gobierno legal y legítimo sin crímenes que ocultar. Rabat, que tiene un gobierno que defiende sus intereses nacionales se llevará mejor con un gobierno español volcado en la defensa de los intereses de los españoles que con un gobierno traidor y doblegado, condicionado por mil secretos, complejos, miedos y ocultaciones. Hay que acabar con tantas ambigüedades en las relaciones hispano- marroquíes, muchas generadas por parte española. Con una frontera segura militarizada en Ceuta y Melilla, una urgente clarificación del estatus real legal de todos los marroquíes nacionalizados españoles sin haber renunciado a la nacionalidad marroquí, una rápida rutina en la deportación de toda la inmigración ilegal, menores incluidos por supuesto, y el final de los gestos hostiles, las relaciones deben llegar a un punto de normalización.

Para ello hay que acabar con una política que favorece sistemáticamente a Marruecos en perjuicio de España. Esto también ha de quedar claro en Bruselas, junto al gobierno de Sánchez la mayor fuente de agravios, atropellos y abusos contra España en beneficio de Marruecos. Recuerde todo el mundo que por España pasa el tráfico comercial de Marruecos con Europa.

Sabemos los efectos del deplorable hecho de que, mientras el gobierno marroquí trabaja para su país, el actual gobierno de España trabaja también para Marruecos y contra los intereses españoles. El grupo parlamentario socialista español en el Europarlamento es allí el lobby marroquí. Todo puede y debe mejorar en las relaciones entre ambos países.

Pero claro está hoy que, la exigencia de respeto mutuo, insisto, mutuo, solo podrá cumplirse cuando España tenga un gobierno legal y legítimo que defienda los intereses españoles y no un títere de intereses extranjeros o delincuentes.