Ana Ceballos.- El Consejo Estatal de Educación votó el miércoles a favor de prohibir a los profesores de secundaria y bachillerato de Florida que enseñen “intencionadamente” a los alumnos sobre orientación sexual o identidad de género, a menos que las lecciones formen parte de un curso de salud reproductiva o sean “expresamente exigidas” por las normas académicas del estado.

Los profesores que hagan lo contrario podrían ser suspendidos o su licencia de enseñanza ser revocada.

El Comisario de Educación Manny Díaz, responsable del Departamento de Educación de Florida, dijo que la norma pretende «aportar claridad» a los profesores sobre lo que pueden y no enseñar sobre esos temas.

La nueva norma va más allá de las leyes estatales de Derechos de los Padres en la Educación (apodadas por los críticos como «no digas gay») que prohíben la instrucción en clase sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infancia hasta el tercer grado, y grados superiores en los casos en que las lecciones no se consideren «apropiadas para la edad».

También iría más allá de lo que los líderes legislativos republicanos han propuesto durante la sesión legislativa de 2023, que ampliaría las restricciones en el aula sobre esos temas hasta el octavo grado.

La ley de Derechos de los Padres en la Educación, que el gobernador Ron DeSantis firmó el año pasado, ya ha llevado a algunos maestros a cuestionar si ciertas conversaciones son apropiadas como lecciones en el aula, ya que los temas LGBTQ están bajo intenso escrutinio de algunos legisladores republicanos y padres y grupos conservadores.

Poco después de que la ley entrara en vigor, el Consejo Estatal de Educación la invocó para tomar medidas enérgicas contra las políticas escolares que afectan a cuestiones LGBTQ, incluido el uso del baño y las protecciones para los estudiantes que confían información personal a empleados de la escuela sobre su orientación sexual e identidad de género. En otros casos, los distritos escolares han revocado otras políticas debido a la ley. Las escuelas del condado de Pasco, por ejemplo, citaron la ley cuando prohibieron las pegatinas de «espacio seguro» que muestran el apoyo a los estudiantes LGBTQ.

La ley también fue el impulso para una disputa en curso entre DeSantis y Disney, que emitió una declaración el año pasado en oposición a las restricciones.

Si bien la ley ha tenido un impacto en algunas políticas LGBTQ en algunos distritos, los partidarios de las restricciones dicen que la ley está dirigida a la enseñanza en el aula, no a conversaciones sobre esos temas cuando surgen de forma natural.

Los críticos, sin embargo, temen que la norma confunda aún más a los profesores y que su amplio lenguaje deje muchas lecciones de secundaria a la interpretación.

Joe Saunders, director político senior de Equality Florida, preguntó durante el comentario público si se permitiría a los alumnos de 11º grado aprender sobre la histórica decisión de la Corte Suprema sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en los cursos de gobierno y educación cívica.

Díaz dijo que a los profesores se les permitiría cubrir ese fallo de la Corte Suprema. Pero dijo, habría una diferencia entre «hablar de casos de la Corte Suprema y tomar eso y luego entrar en algo más que es subjetivo y tratar de ampliarlo».

El Departamento de Educación de Florida está revisando las normas académicas y los libros de texto de educación cívica del estado, que tendrían que seguir los profesores para cumplir con los requisitos de instrucción sobre orientación sexual e identidad de género.

Varias mujeres del grupo conservador Madres por la Libertad hablaron en apoyo del proyecto de ley, diciendo que fomentará que las discusiones sobre esos temas se hagan en casa, no en la escuela. Como resultado, argumentaron, la norma fortalecerá las relaciones entre los estudiantes y sus padres.

Cuando se propuso la norma por primera vez hace un mes, la oficina de DeSantis apoyó la medida.

«No hay ninguna razón para que la instrucción sobre orientación sexual o identidad de género forme parte de la educación pública K-12. Y punto», dijo el secretario de prensa de DeSantis Bryan Griffin en ese momento.

La norma entraría en vigor en 34 días como muy pronto, lo que daría a las escuelas y a los profesores algo de tiempo para prepararse para los cambios.