La orden de expulsión pendiente de ejecutar de Yassine Kanjaa, el marroquí de 25 años que el pasado miércoles mató al sacristán Diego Valencia e hirió a otras cuatro personas en Algeciras (Cádiz), ha cuestionado cuánto tiempo se tarda en expulsar de España a un migrante en situación irregular.

En 2022 el Ministerio del Interior incoó un total de 34.949 expedientes de expulsión de extranjeros y ejecutó 2.627. Uno de los procedimientos abiertos fue a Kanjaa, que residía en España desde 2019 y desde el pasado mes de junio tenía pendiente su expulsión al estar en situación irregular.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han explicado que al tratarse de un procedimiento administrativo con todas las garantías, su ejecución “no es inmediata” y por eso aún estaba en España.

La ley de extranjería establece que estar en situación irregular es una infracción grave que puede conllevar la expulsión del país. Cuando la persona en situación irregular es identificada, se inicia el procedimiento que se tramita por la vía administrativa y la orden de expulsión la emiten las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.

Fuentes de asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes consultadas por EFE han explicado que no es un proceso rápido y sencillo. Cuando se abre un procedimiento de expulsión, la persona tiene la posibilidad de presentar alegaciones y pruebas y se puede recurrir por la vía contenciosa.

Según ha fijado el Tribunal Supremo, solo se debe acordar la expulsión si se dan circunstancias agravantes como tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia, desconocer por dónde y cuándo entró en España, entre otras, añaden las fuentes consultadas.

Mientras se tramita ese expediente, se pueden imponer medidas cautelares para garantizar la ejecución de la posible expulsión que se acuerde, como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas ante la policía.

Como última opción puede acordarse que la persona ingrese en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo máximo de estancia es de 60 días, aunque las ONG denuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al legal.

Las fuentes consultadas remarcan que aunque se acuerde la expulsión no siempre se puede ejecutar, por ejemplo, porque no haya acuerdo de readmisión con el país de origen.

Fuentes de Interior consultadas por EFE admiten que si bien España es uno de los países europeos con mayor capacidad de retorno, los niveles “están muy lejos de los deseados”, e inciden en las trabas que hay para ejecutar las órdenes de expulsión.

En este sentido, señalan que aparte de tener acuerdo de readmisión, el país tiene que reconocerlo como nacional suyo, tiene que permitir la llegada de esa persona, si no tiene pasaporte es necesario que el país de origen emita un salvoconducto para poder viajar. “Es aquí donde se forma un embudo”, reconocen dichas fuentes.

Subrayan además que los niveles de retorno todavía son inferiores a los de antes de la pandemia ya que debido al cierre de fronteras y las restricciones sanitarias las devoluciones se pararon. “Desde entonces se ha ido trabajando para recuperar al menos esa misma capacidad y se va a seguir trabajando porque todavía nos queda”, añaden las fuentes.

Las dificultades también surgen a la hora de notificar formalmente la orden de expulsión a la persona. Reciben una notificación y si no comparecen, la próxima vez que se les identifique por la calle o en otro lugar se ejecuta la expulsión.

Las fuentes consultadas advierten además de que existe la posibilidad de que si pasan más de seis meses desde que se inicia el procedimiento hasta el decreto final de expulsión, hay que archivar el expediente e iniciar otra vez los trámites.