Miguel Borra, presidente de CSIF: «No nos vamos a sumar a la huelga porque tiene demasiados componentes políticos que se escapan del ámbito laboral, que es para lo que están las huelgas»
El presidente de CSIF, Miguel Borra Izquierdo, ha confirmado que la central sindical no se suma a la huelga general convocada por CCOO y UGT para el 11 de noviembre. El dirigente ha argumentado que la convocatoria, fijada dos días antes del inicio de la campaña electoral, contiene motivos que se escapan de la negociación laboral.
Durante la entrevista, el líder sindical ha recordado las palabras de la jefa de campaña del Partido Socialista, María Jesús Montero, quien ha definido el paro como una protesta contra la oposición. Ante esta situación, Borra ha señalado que «esta huelga tiene demasiados componentes que se escapan de lo que es un ámbito estrictamente laboral» y ha descartado secundar la movilización.
Motivos políticos y la negociación salarial
Borra ha destacado que CSIF ya ha utilizado la herramienta de la huelga a finales del año pasado contra el Gobierno para exigir la negociación salarial de los empleados públicos. Tras lograr un acuerdo para las retribuciones de los años 2025 y 2026, el representante sindical ha emplazado al ministro Óscar López a hacer efectivo el real decreto firmado para la subida salarial de 2027.
En relación con la situación del empleo público en las administraciones públicas, el sindicalista ha aclarado que no ha existido un incremento neto de la plantilla, sino un proceso de estabilización. Asimismo, ha advertido de que las tasas de temporalidad continúan muy por encima del sector privado y que las ratios de personal se sitúan por debajo de la media de la OCDE, lo que genera colapsos para conseguir cita en el SEPE, la Seguridad Social y la sanidad.
Sanción europea por la temporalidad
Respecto a los fondos Next Generation, el presidente de la organización ha revelado una penalización europea cercana a los 1.000 millones de euros retenidos por no haber cumplido el objetivo de reducir la temporalidad al 8%. Aunque se han logrado estabilizar 400.000 puestos de trabajo, ha denunciado que alrededor de 1.000.000 de trabajadores del sector público continúan con contratos precarios.
Sobre la inseguridad de este colectivo, Borra ha advertido de que «es muy fácil que el médico que nos está atendiendo o la profesora que esté enseñando a nuestros niños tengan un contrato temporal». De este modo, la precariedad laboral abarca a multitud de sectores básicos donde los profesionales desconocen su futuro inmediato.
Brecha salarial entre comunidades autónomas
Por último, el responsable de CSIF ha situado la equiparación salarial como una de las principales exigencias del sindicato en la Administración General del Estado. Borra ha remarcado que existen notables diferencias retributivas entre comunidades autónomas, siendo el País Vasco y Navarra las regiones con sueldos más elevados debido a su diferente régimen fiscal, mientras que los funcionarios estatales se mantienen como los peor pagados.











