Centro penitenciario de Córdoba.

La población penitenciaria ha repuntado ligeramente en 2022 al contabilizar un total de 46.468 internos en un año que deja una subida del 5% de los presos con más de 60 años, según los datos a 31 de diciembre de Instituciones Penitenciarias.

El balance de los últimos doce meses arroja un incremento del 1,1% de la población reclusa en los centros penitenciarios de la administración general del Estado: cerró 2021 con 45.963 internos y un año después hay 505 más, de los que 434 son hombres y 71 mujeres.

Además, el balance del último año constata un incremento del 5,3% hasta alcanzar los 3.046 internos con 60 o más años (152 presos más), según señalan a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias. En este último dato se suman tanto nuevos ingresos como aquellos casos de envejecimiento de personas privadas de libertad desde antes de 2022.

SE ROMPE LA TENDENCIA

ACAIP-UGT ha advertido de que en 2022 “se rompe la tendencia de los últimos doce años”. El sindicato facilita una cifra cercana a los 56.000 presos –unos mil más con respecto a 2021– ya que contabiliza también los centros penitenciarios de Cataluña y País Vasco, ambas comunidades autónomas con las competencias transferidas.

La organización sindical también alude a la “mayor tensión en las prisiones españolas con un 50% más de agresiones a los trabajadores”. “Si los números de este año marcan una tendencia, y no se toman medidas tempranas, pueden producirse problemas de seguridad derivados de la sobrepoblación”, apunta en un comunicado.

La organización sindical señala que faltan por cubrir unas 3.000 vacantes debido a que las ofertas de empleo público “apenas cubren las bajas vegetativas, situación que tiende a empeorar por el envejecimiento de las plantillas”.

También reclama el reconocimiento por ley de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, así como medidas como una nueva clasificación de los centros que derive en una “actualización de retribuciones” o un nuevo organigrama que posibilite el cumplimiento de “reeducación y reinserción que atribuye la Constitución Española”.