Irene Montero ofrecía supuesta asistencia psicológica a los ecuatorianos que enfrentarían desalojos entre 2013 y 2016.

La Fiscalía General de Ecuador incluyó a la ministra de Igualdad del Gobierno español, Irene Montero, en la investigación que ejecuta en contra del expresidente izquierdista Rafael Correa, por malversación de fondos públicos. La instancia indagará el favorecimiento con millonarios contratos a empresas vinculadas al partido Podemos tras las gestiones de la ministra del gabinete de Pedro Sánchez.

Montero estará en el centro de las pesquisas junto con el diputado de la tolda morada, Rafael Mayoral, por presuntamente maniobrar la asignación de 4.200.000 euros a favor de las cooperativas españolas Kinema y Mi País Consultores, ambas relacionadas con Podemos.

La Fiscalía de Ecuador admitió a trámite la querella presentada por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Villavicencio, donde precisa que Kinema recibió 1,6 millones de euros y Mi País Consultores cobró 2,6 millones por brindar supuestas asesorías en derecho hipotecario a ecuatorianos residenciados en Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia.

La fiscal general, Diana Salazar, aprobó la recepción de la denuncia ante el “presunto financiamiento de compañías relacionadas con funcionarios del partido político Podemos con un presunto delito de peculado (en España, malversación)».

Algunas fuentes aseguran que Irene Montero ofrecía supuesta asistencia psicológica a los ecuatorianos que enfrentarían desalojos entre 2013 y 2016.

Esta versión coincide con el contenido de la querella presentada por la Comisión de Fiscalización del parlamento que ubica el desembolso de los recursos durante ese periodo a través de la Embajada de Ecuador en España.

De esa forma, Correa financiaba al partido que entonces lideraba Pablo Iglesias. Esa es la tesis de la Fiscalía luego de evaluar que las asesorías sólo lograron resultados positivos en 2 % de los casos representados y pese al fracaso, los contratos y sus renovaciones perduraron en el tiempo.

La Contraloría de Ecuador también revisa estos negocios con la sospecha de que sirvieron para financiar de manera encubierta al partido de Pablo Iglesias.

Los contratos firmados después de julio de 2015 serán clave para la causa porque además en España está vigente la Ley Orgánica 1/2015 que modificó el Código Penal e incorporó la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos que reciban fondos de «gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos que superen el importe de 100.000 euros».

Declaraciones comprometedoras

La Fiscalía espera recabar más evidencia en la causa que investiga a Irene Monero, e incluso averiguar la participación del ecuatoriano Walter Napoleón Jaramillo Mena, quien fungió como presunto testaferro al constituir la empresa Mi País Consultores y firmó 11 contratos. El 1 de mayo de 2016 rubricó el primero por un valor de 272.251,59 euros y en 2018 suscribió el último por 1.054.866,41 euros.

Montero aumenta sus problemas con esta investigación, considerando que ya el exembajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, confirmó la existencia de adjudicaciones irregulares al declarar que «el presidente de la compañía Kinema era Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde 2015, y en el otro (lado) actuaba una señora que es Irene Montero que es la esposa de Pablo Iglesias».

Además, Aminta Buenaño, la embajadora de Ecuador en España entre los años 2010 y 2013, admitió que recibió “directrices” por parte de Correa.