La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha invitado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a revelar quién es «el Señor X» que fue a Waterloo a negociar la reforma del delito de sedición del Código Penal con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Una medida y condición sine qua non para que las formaciones independentistas den el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado del 2023 y que, según la dirigente popular, se ha llevado a cabo «por orden» del jefe del Ejecutivo. «Usted prometió llevar a Puigdemont a la Justicia. Tiene la oportunidad de renunciar a la reforma del delito», le espetó Gamarra, que también criticó que el PSOE legisle «a medida» del secesionismo.

Las preguntas de la bancada popular durante la sesión de control al Gobierno ya estaban registradas previamente, como de costumbre. Sin embargo, todas las interpelaciones de los parlamentarios conservadores a los ministros del Gobierno adjuntaron una cuestión extra: «¿Fue usted quien viajó a Waterloo a negociar con el señor Puigdemont?».

Pedro Sánchez le respondió a Gamarra que «lo único que hacen es descalificar al Gobierno» por conveniencia. «Dicen que un español es un buen español cuando es del PP. Basta ya y cumplan con la Constitución», continuó. El jefe del Ejecutivo realizó dicha petición en referencia a la salida del partido dirigido por Alberto Núñez Feijoo del pacto para la renovación del CGPJ que los populares no están dispuestos a asumir si la reforma del delito de sedición sale adelante. Al respecto, añadió Gamarra: «El señor Feijoo tiene palabra, principios políticos y conciencia; usted no, y esa es la diferencia».

En el cara a cara entre el diputado Carlos Rojas (PP) y Nadia Calviño, ministra de asuntos económicos, volvió la pregunta sobre el expresidente catalán fugado, a lo que la también vicepresidenta primera del Gobierno respondió: «La pregunta registrada era si las expectativas de crecimiento económico son fiables y sí lo son». Rojas, en su vuelta al turno de palabra, alegó que las previsiones económicas del Gobierno son «una hoja en blanco» que responde solo a intereses propios.

«Es un gobierno apoyado en concesiones a independentistas. ¿Querían el indulto? Se lo dieron. ¿Querían la reforma de la sedición? Se la van a dar. Ese no es el Gobierno que España necesita. Sus previsiones son mantenerse en el poder a toda costa», espetó el diputado de la derecha.

«Salvar a Junqueras»

El choque de trenes por el delito de sedición se extendió a toda la bancada de las derechas. Edmundo Bal, segundo de a bordo de Ciudadanos, criticó la subida de pensiones prevista por el Gobierno de hasta 40 mil millones más, el equivalente al presupuesto de Andalucía, alegando que es un gasto innecesario y que el Ejecutivo «va a condenar a una nación con tal de salvar a Junqueras con un Código Penal hecho a medida».

El diputado de Vox Ignacio Gil, por su parte, cuestionó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre si el Ejecutivo pactaría con el gobierno Catalán que dirige Pere Aragonès un referendo de independencia. «Solo responda sí o no», solicitó Gil. Bolaños hizo caso omiso de la petición y dijo: «Cuando escucho a la derecha antisistema hablar de Cataluña, siempre me pregunto si realmente quieren lo mejor para este territorio. Hoy, la situación es mucho mejor que en el 2017».

«Su incapacidad para responder acrecienta las sospechas», devolvió el congresista de la formación verde, que reafirmó que las peticiones de los secesionistas son «inconstitucionales», pero es algo que tanto a Sánchez como al Gobierno «les da igual», puesto que con la concesión de indultos y la posibilidad de que los implicados en el procés fugados no vayan a juicio ya es motivo suficiente para pensar que el presidente del Gobierno «se puede comprometer personalmente» a volver a dar alas a los secesionistas para volver a incumplir la ley.

Crímenes, idiomas y, de nuevo, Puigdemont

El sector del Partido Popular tuvo dos preguntas más sobre el aumento de criminalidad en España y el uso del catalán en las escuelas de dicha comunidad autónoma que, otra vez, volvieron a formularse con el interés de saber si Fernando Grande-Marlaska o Pilar Alegría, titulares de Interior y Educación respectivamente, habían sido los encargados de viajar a Bélgica para negociar la reforma de la sedición con Puigdemont.

La diputada Ana Belén Vázquez interrogó a Marlaska sobre el asunto del aumento de delitos alegando que Marlaska «solo está preocupado de vaciar las cárceles a través de incentivos y terminar de acercar a presos de ETA», y le señaló, tras ser acusada por el ministro de «tener secuestrada» la renovación del CGPJ, que «los únicos que se saltan la Constitución son sus socios, no el PP», en referencia a independentistas y nacionalistas catalanes.

También la parlamentaria popular Sandra Moneo cargó contra la ministra de Educación, Pilar Alegría, y le reprochó que «se podría haber puesto de otro lado que no fuera el del separatismo» al permitir que Aragonès haya revelado que «ustedes no recurrirían la normativa catalana que expulsa al castellano de las escuelas para impulsar la mesa de diálogo». La ministra se ha defendido alegando que «el único problema que existe es la posición del PP con Cataluña, que es fallida y reincidente. Ustedes han aprovechado la confrontación en Cataluña para rascar votos. No tienen un proyecto para el territorio».