SER.

AD.- Ciudadana A: Se preparó durante años para llegar a lo más alto en su profesión. Fueron años de esfuerzo, duro aprendizaje y extremada disciplina. Miles de horas de esfuerzo empleados durante día y noche durante 5 años. Al final obtuvo la recompensa de sacar de forma sobresaliente las oposiciones más duras de la función pública.

Ciudadano B: Lleva viviendo de la política desde que tenía 20 años y no ha renunciado a un solo euro público; ni siquiera al móvil de última generación de 1.200 euros que acaba de recibir como diputado.

Ciudadana A: Durante los cinco años que pasó como abogada jefe del Estado en el País Vasco, presentó más de un millar de recursos contencioso-administrativos contra ayuntamientos, leyes y concentraciones; por ejemplo, contra una consulta popular en San Sebastián sobre un festejo con toros, contra el hecho de que algunas corporaciones redactasen sus comunicaciones internas en euskera o por la ausencia de banderas españolas visibles en algunos consistorios.

Ciudadano B: Durante los 5 años que permaneció como diputado raso del PP en el Parlamento Vasco (2004 a 2009) no se le recuerda ninguna propuesta novedosa, ni iniciativa brillante, tampoco una intervención notable. Nada que pueda ser destacado.

Ciudadana A: En 2017, fue cesada por el Gobierno de Mariano Rajoy en su cargo en el País Vasco para que pasara a trabajar como secretaria general en la empresa pública Mercasa. Este nombramiento colocaba a la abogada en el centro de una trama de corrupción que salpicaba en ese momento a cargos del PP. La empresa había estado gestionada por Pablo González, el hermano del expresidente madrileño Ignacio González, a quien su relación con la ‘operación Lezo’ había llevado a la cárcel en la investigación por el pago de comisiones. El propio Pablo González había ingresado también en prisión preventiva. Este ‘ascenso’ de la abogada se producía en un momento político muy especial. El PNV y el PP acababan de pactar un acuerdo presupuestario en el País Vasco, donde el incansable trabajo de la letrada se había vuelto incómodo para los sectores nacionalistas. De la misma manera, situaba a una funcionaria tan especial en un puesto en el que se investigaba, por ejemplo, a un sobrino de la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Fue premiada por la Fundación Hay Derecho por su labor contra la corrupción. Al recibir el galardón, la abogada del Estado realizó una de las escasas declaraciones públicas que ha llevado a cabo y denunció las presiones que había sufrido en el País Vasco. Según explicó, en diversas instancias le habían instado a marcharse y dejar de investigar.

Lo que no sabía es que esa misma tormenta de presiones políticas y advertencias solapadas estaba a punto de estallar también en Madrid. Para entonces ya se había producido el asalto a su despacho. Sus investigaciones en Mercasa habían llegado no solo a cargos del PP sino que también afectaban a cargos socialistas. Entre los investigados se encontraba, por ejemplo, Alvaro Curiel, un técnico que trabajó para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que está imputado por supuestos pagos de sobornos al presidente de Angola.

Ciudadano B: Militante del PP desde los 18 años, obtiene su primer cargo público en 1999. Llegó a percibir dos sueldos públicos durante 4 años y para entonces apenas había cumplido los 33. Su compromiso contra la corrupción lo avala el haber estado a las órdenes de Esperanza Aguirre.

Su madrina, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, le colocó a dedo en el Gobierno regional como director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

Los recortes presupuestarios de Aguirre acaban con la Agencia, pero su madrina, Esperanza Aguirre, le vuelve a colocar a dedo, esta vez como director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Una fundación sin actividad conocida, con un solo empleado, y por la que Ciudadano B cobraba un sueldo de 82.191 euros al año.

Una decena de investigaciones judiciales destaparon múltiples casos de grave corrupción en los gobiernos de la Comunidad de Madrid que presidió Esperanza Aguirre entre 2003 y 2012. Este fenomenal pillaje de fondos públicos fue perpetrado por distintas tramas corruptas que ya figuran entre las más extensas conocidas en democracia: hubo más de 100 implicados entre cargos públicos y empresarios.

Ciudadana A: En la declaración de bienes reflejó que tenía una casa dúplex en propiedad en Alicante comprada en el año 2000 y con un valor catastral de 129.574,13 euros. También tiene un plan de pensiones y acciones de Iberdrola. En cuanto a las deudas, mantiene dos hipotecas con la antigua Bankia, ahora Caixabank, a la que debe 118.000 euros.

Ciudadano B: Vive en un casoplón de casi un millón de euros en una de las zonas nobles de Madrid. Hubo un tiempo sin embargo en el que no le fueron tan bien las cosas. Es un episodio lejano, oscuro, al que al Ciudadano B no le gusta volver. Le acabaron embargando una casa que tenía en el concejo alavés de Murguía. Fue a raíz de su única incursión vital en la empresa privada, tras abrir el bar Heineken Urban Concept en Álava, junto a su mujer de entonces, que se acabó yendo a pique. Antes y desde entonces, sólo se ha dedicado a la política, como si estuviera evitando salir escaldado de nuevo.

En el año 2009, el sueño futuro de Vox aún era lejano y Ciudadano B era un político regional del Partido Popular que no había revalidado su escaño en el Parlamento Vasco. Llevaba dos años con el bar que había abierto junto a su mujer pero, en 2010 y con todo el peso de la recesión económica, el negocio se acabó declarando insolvente. El banco les quitó a ambos la casa de 364.580 euros que habían puesto como aval para el negocio. Perdieron la cara vivienda que habían comprado tras una herencia y en la que habían invertido mucho dinero. Y de lo económico pasó a lo personal. Ciudadano B se divorció de su mujer ese mismo 2010 y se fue a Madrid a seguir viviendo de la política y a copar esos puestos a dedo que ahora critica.

Ciudadana A: Se le puede hablar en cuatro idiomas.

Ciudadano B: Se le puede hablar en esos cuatro idiomas, pero es seguro que solo te entenderá en uno de ellos.

Ciudadana A: Cuenta con decenas de condecoraciones y reconocimientos a su labor profesional a lo largo de sus años de servicio al Estado.

Ciudadano B: Atesora galones y dispone de honores para aspirar al Marquesado de la Mamandurria.

Ciudadana A: Escribe libros sobre derecho, imparte conferencias y devora libros de historia.

Ciudadano B: Rellena la quiniela y no parece muy curtido en la comprensión lectora.

Ciudadana A: Sabe hablar en público con soltura y capacidad expositiva.

Ciudadano B: Repite los mismos mantras desde el año 2017.

Ciudadana A: Le gusta trabajar en equipo y hacer piña con sus colaboradores más directos.

Ciudadano B: De lo uno, no hay constancia; de lo otro, la piña colada.

Ciudadana A: Tiene sentido del humor y le gustan los chistes ingeniosos.

Ciudadano B: También. Quiso ser presidente del Gobierno.

Ciudadana A: Está casada con un oficial de la Guardia Civil.

Ciudadano B: Está casado con una youtuber adicta al lujo.

Ciudadana A: Podría comprarle un coche de segunda mano con la certeza de hallarse en perfecto estado.

Ciudadano B: Podría comprarle un coche de segunda mano con la certeza de estar agigantando mi fe: tendría que rezar cada mañana para que arranque.

Postdata: Ciudadano B responde al nombre de Santiago Abascal Conde y Ciudadana A se llama Macarena Olona Choclán. Ustedes mismos.