Illa y Ábalos.

LO/AD.- La corrupción no es progresista. Que nadie se engañe. Ese tipo de conductas solo pueden imputarse a personajes de la derecha rancia. Si algún progre resulta salpicado por algún caso será un garbanzo negro, puntual y aislado, pero nunca será responsabilidad de los partidos de nuestra izquierda.

Esas fuerzas tienen un código ético prístino y ejemplar. Llevan años con la matraca, repartiendo lecciones de moral pública. Con una falsa superioridad moral que es a la vez impúdica y ridícula. Sobre todo cuando se enfrentan a una sentencia tan demoledora como la de los ERE de Andalucía.

Los mismos que tildaban la sentencia de la Gürtel de «bofetada terrible a un PP caracterizado por la corrupción» y proclamaba que «tenemos que reclamar ejemplaridad y mayor limpieza de los cargos públicos» son los mismos que luego no tuvieron nada que decir del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en España. Porque estamos hablando, no conviene olvidarlo, de destacados cargos de su partido que a lo largo de una década malversaron 679 millones de euros para armar una gigantesca red clientelar con la que acudir dopado a las urnas.

El doble rasero de la izquierda resulta impúdico. El Pablo Iglesias que exigía una moción de censura contra Mariano Rajoy era el mismo Pablo Iglesias que luego responsabilizaba del caso de los ERE al bipartidismo. Preso de su coalición con Pedro Sánchez, desvinculó al líder socialista de cualquier responsabilidad.

Es una doble vara de medir absolutamente pueril. Que les hace perder la poca credibilidad que podrían todavía tener. Los mismos que se han sumado al linchamiento contra al alcalde de Madrid por el asunto de las comisiones por las mascarillas durante la pandemia, ignoran sin embargo a quienes aprovecharon la ocasión para mejorar su facturación gracias a la confianza que le concedió el Gobierno. Es el caso de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., una pequeña sociedad de Zaragoza que ingresó 53 millones de euros en 2020, en parte, por obtener contratos públicos ‘a dedo’. Es decir, negociados sin publicidad y tramitados ‘de emergencia’.

Así figura en las cuentas anuales de la empresas, en las que se aprecia el brusco repunte de la actividad de esta entidad durante los primeros meses de la pandemia. De hecho, el importe de su cifra de negocios fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020.

El auditor de su información económica es Auren Auditores, que en su informe del ejercicio 2020 apuntó a que la actividad de esta empresa se centró en los contratos de material sanitario durante este ejercicio. “La totalidad de los ingresos de la sociedad provienen del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados”, expuso en sus cuentas publicadas en el Registro Mercantil.

Entre los contratos que obtuvo esta empresa en el último año se encuentra el que adelantó Voz Pópuli el 22 de abril de 2020, por el que Soluciones de Gestión fue seleccionada por el Ministerio de Transportes para la compra de ocho millones de mascarillas por un total de 24,2 millones de euros. Un contrato adjudicado sin concurso por parte del equipo de José Luis Ábalos, ya que se otorgaba por la vía de ‘tramitación de emergencia’, y con la financiación de Puertos del Estado.

Mientras la izquierda trata de demonizar al alcalde Almeida convirtiéndolo en paradigma de la corrupción, esa misma izquierda resta importancia a que un juzgado investigue las compras de Sanidad en pandemia y haya imputado a tres altos cargos socialistas.

Este procedimiento es el abierto por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, cuya titular, Concepción Jérez, está investigando 12 contratos firmados por el Ministerio de Sanidad entre marzo y abril de 2020 y ha citado ya como imputados a un alto cargo de Hacienda, Paloma Rosado y a dos altos cargos del ministerio de Sanidad: El director del Insitututo Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez Palacios y la directora general de la Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud, Patricia Lacruz.

Por si fuera poco, la Justicia reactiva la causa contra el exministro Salvador Illa por la adquisición de un lote de mascarillas defectuosas a un intermediario chino durante la primera ola de la pandemia. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha tumbado el último intento de la Fiscalía por cerrar el caso y ha avalado dar traslado de la investigación al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña.

La Fiscalía pedía el archivo de la causa o que se declarase al Tribunal Supremo como único órgano competente para investigar a Salvador Illa, al entender que estaba aforado cuando el Ministerio de Sanidad adjudicó el contrato de 23,8 millones de euros a la empresa Hangzou Ruining Trading para la adquisición de tres lotes de mascarillas. Sin embargo, los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid han desestimado ambas peticiones del Ministerio Público y han acordado remitir el caso al TSJ de Cataluña.

Las sospechosas gestiones para la adquisición de mascarillas alcanzan también a ayuntamientos como el de Benalmádena (Málaga), cuyo alcalde socialista encargó este material sanitario a una empresa sevillana vinculada al concejal de Vox, Miguel Ángel Jiménez. Obra en nuestro poder grabaciones que acreditan a quiénes fueron a parar las comisiones.

De nuevo la escandalosa intervención de la Fiscalía sirviendo con descaro a los intereses del partido en el gobierno, que es lo que insinuó Sánchez en una de sus rarísimas declaraciones que pueden considerarse veraces. Con un árbitro posicionado con descaro en favor de uno de los equipos, bien haría el PP en convertir su relación con el ejecutivo de Sánchez en “casus belli”. Ni un solo acuerdo, ruptura de todos los puentes, hasta el cese de la escandalosa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, punta de lanza contra el principal partido de la oposición.

La izquierda de este país es así. Dotados de una falsa superioridad moral que les permite ir por la vida repartiendo doctrina sobre ética pública. No son pocos los casos en los que señalaron, juzgaron y condenaron a alguien por salir mencionado en un sumario. No son pocos los casos en los que finalmente quedaron en nada. Pero la sentencia pública de la progresía ya estaba dictada. Culpable. Ahora bien, si el caso salpica a uno de los suyos la reacción es muy distinta. Lo primero es apelar a la presunción de inocencia. Como Sánchez en 2016 cuando decía que «Chaves y Griñán son personas honestas» y aseguraba confiar en su inocencia. Y si el caso va a más, como ahora, siempre encontrarán alguna fórmula imaginativa para desentenderse de la situación. Como Ábalos cuando esta semana aseguraba que el caso de los ERE «no es del PSOE».

Resulta desternillante ver cómo algunos personajes exhiben públicamente y sin rubor su incoherencia. Como dilapidan mostrando ese doble rasero la poca credibilidad que podían tener delante de la sociedad. Cómo después de una bofetada de realidad siguen operando desde la atalaya de su falsa superioridad moral.

El PP debe lanzarse ya a la ofensiva sin ningún rubor. El partido cuyos cargos han malversado cientos de millones de euros para montar la mayor red clientelar de la historia de la democracia en España, no puede dar lecciones morales a nadie. Ni ahora ni nunca.