La maniobra del Gobierno para acortar la condena de medio centenar de etarras, descontándoles el tiempo de cárcel que han cumplido en Francia, se topa principalmente con dos objeciones. La primera afecta fundamentalmente a la credibilidad del Estado de derecho y la convalidación de la función que en él lleva a cabo la Justicia, a la que con este ardid el Ejecutivo pretende fintar. La segunda tiene que ver con el respeto y protección que ese mismo Estado debe procurar a las víctimas de los terroristas, que tienen razón cuando dicen sentirse traicionadas por el Gobierno. Los 54 presos a los que Sánchez quiere beneficiar con una salida prematura de la cárcel acumulan el 10 por ciento de todos los asesinatos cometidos por ETA a lo largo de su sanguinaria historia.

Hablamos de 84 asesinatos probados y sentenciados que además dejaron 250 heridos. El plan del Gobierno prevé que todos esos criminales se ahorren cuatro siglos de cárcel en lo que supone el penúltimo ‘favor’ que el sanchismo hace al entorno etarra, ese sobre el que descansa buena parte de la estancia de Sánchez en La Moncloa. En realidad, es la penúltima traición a las víctimas; la última suena aún mucho peor y pasa por poner a todos en la calle antes de tiempo.

Hasta 7 etarras saldrían de prisión ya

El histórico asesino Arregi Erostarbe ‘Fiti’, con 16 asesinatos a sus espaldas, o Álvaro Arri Pascual ‘Munipa’ con 4 asesinatos en su sanguinario currículum podrían salir automáticamente a la calle en libertad si se aplica el cambio normativo que tiene sobre la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha denunciado la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

La reforma legislativa consistiría en restar las penas cumplidas en Francia a los etarras que permanecen en las cárceles españolas en base a la Ley 7/2014. Para la presidenta de la AVT, Maite Araluce, «con independencia de que la reforma de la Ley 7/2014 de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales penales esté o no en la agenda normativa del gobierno para este año, no tenemos ninguna duda de que esta reivindicación está encima de la mesa del gobierno. Y que más tarde o más temprano, ya sea en esta Ley o en otra, nos la intentarán colar».

Desde la AVT han recordado las conversaciones mantenidas y publicadas por el mediador Joseba Azkarraga, dirigente de la plataforma de apoyo a los etarras, Sare, con el asesino Jon Bienzobas, en las que le aseguraba que la «solución para los presos está bastante encaminada».

De esta forma, por un lado estaría la facilidad de acceso al tercer grado que ya está en marcha con la cesión de las competencias penitenciarias al País Vasco, vigente desde el 1 de octubre. Y por otro lado estaría este cambio legislativo que permitiría la salida en libertad de 7 etarras de forma inmediata, 3 más abandonarían la cárcel a lo largo de 2022 y otros 38 en los próximos años, entre ellos sanguinarios asesinos como Javier García Gaztelu ‘Txapote’, asesino de Miguel Ángel Blanco.

Para la presidenta de la AVT, Maite Araluce, «este Gobierno está permitiendo que los terroristas, además de haber asesinado a nuestros familiares, ahora se estén riendo de nosotros. Se ríen de nosotros firmando unas cartas de perdón y arrepentimiento que son auténticos paripés. Se ríen de nosotros en cada homenaje, que sí, se siguen produciendo, en los que son vitoreados y celebrados».

Por este motivo, el presidente de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y consejero de la AVT, Miguel Ángel Folguera, ha anunciado que «en breve convocaremos una gran manifestación que deje claro al Gobierno que no estamos dispuestos a soportar más humillaciones».