El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha contratado a Gonzalo Boye, abogado del prófugo Carles Puigdemont, y a Isabel Elbal Sánchez, para recurrir la desposesión de su cargo ante el Tribunal Constitucional, una decisión tomada el pasado viernes por la tarde por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

Boye y Elbal interpondrán dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo, que inhabilitó para seguir en Las Cortes a Rodríguez, y contra la decisión de Batet.

«Dada la necesidad de contar con un equipo independiente y experto en el ámbito europeo he dado indicación y conformidad para que sean gestionados por las abogadas Isabel Elbal Sánchez y Gonzalo Boye Tuset», ha anunciado en un comunicado.

Renuncia así a interponer una querella por prevaricación, como había anunciado este fin de semana, contra la presidenta del Congreso.

Batet decidió el pasado viernes ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Rodríguez a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y le comunicó la pérdida de su escaño después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigiera un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

En dicho escrito, Rodríguez indica que la nueva defensa se hará cargo del expediente jurídico relativo al recurso de la sentencia del TS 750/2021, de 6 de octubre, pero también de «las eventuales acciones judiciales necesitadas de amparo que se deben adoptar ante la decisión de la Excelentísima Señora Dª Meritxell Batet para que sea juzgada tal decisión por atentar contra los principios más básicos de la soberanía popular y de la democracia en el Estado español».

El también exsecretario de Organización de Podemos ha reiterado que se trata de una «sentencia injusta, por cuanto nunca existió la comisión de los hechos» que se le adjudican en la sentencia y que, además, «ha traído como colación una cadena de decisiones sin arreglo a la ley por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados».

En este sentido, ha reafirmado su intención de «presentar cualesquiera acciones fueran necesarias para recurrir e impugnar ambas decisiones, sus efectos y sus consecuencias».

El exparlamentario de Unidas Podemos anunció este sábado que abandona Podemos y que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia.

«Abandono la militancia partidista y abandono Podemos. Agradezco profundamente estos años que han sido muy intensos de muchísimo aprendizaje y de recibir muchísima leña», manifestó, al tiempo que subrayó que entra en «otro momento personal» y que hay que saber «cerrar ciclos».

«El cierre de un ciclo no implica que la batalla haya terminado. Esto no ha hecho más que empezar. Canarias es tierra de brega, aquí no se rinde nadie», ha reiterado este domingo.