La nueva versión del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual obligará a las plataformas de contenidos audiovisuales ‘online’ a financiar a RTVE. Así lo ha anunciado esta semana la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, informando además que esta medida repercutirá a empresas como Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube, que tendrán que dedicar el 1,5% de sus ingresos a tal fin. Y no existe excepción, deberán realizar su aportación para la manutención del ente público tanto aquellos canales que estén establecidas en España como los que lo estuvieran en otro país de la Unión Europea siempre que ofrezcan sus servicios en nuestro país.

La modificación “más relevante” del texto legal es el cambio de la Ley de Financiación de RTVE, que establece que su financiación se realice “con aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia”.

La Ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece una tasa a los canales privados en abierto del 3% de sus ingresos brutos; a los de pago, del 1,5%, y a empresas de telecomunicación, del 0,9%.

En este sentido, otro de los aspectos más relevantes en la modificación prevista es que se suprimen las aportaciones directas que realizan en la actualidad los operadores de telecomunicaciones. No obstante, seguirán contribuyendo a la financiación de RTVE de manera indirecta, a través del pago de la tasa por uso del espectro radioeléctrico que se eleva a 480 millones de euros al año.

Toda esta modificación legal ha surgido, además, cuando el Tribunal Constitucional se ha declarado contrario al real decreto ley que permitió al Gobierno de Pedro Sánchez nombrar a Rosa María Mateo administradora provisional única de RTVE. Esta sentencia, a pesar de la urgencia de su tramitación llega tarde, ya que desde hace unos meses hay un nuevo consejo de administración en RTVE, esta vez nombrados por consenso. El TC ha considerado en su sentencia que se vulneró el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación.

¿Cómo se financia RTVE? ¿Es sostenible este modelo?

La subida de impuestos a las multinacionales de contenidos audiovisuales ‘online’ se ha concebido como un salvavidas para una RTVE con la credibilidad más baja de su historia. Pero, ¿cómo se financia el ente público?

Debemos tener en cuenta que España cuenta con una extensa estructura de medios de comunicación de titularidad pública muy costosa y hermética, tanto a nivel estatal como autonómico, y cuya gestión depende directamente de la clase política. Sólo en el caso de RTVE, el cierre contable a finales del pasado año registró unas pérdidas de 31,6 millones, y acumula una deuda, a final de abril, de más de 184 millones de euros según ha informado el nuevo presidente de la Corporación Pública, José Manuel Pérez Tornero, quien se ha posicionado a favor de que las plataformas “paguen impuestos para financiar los medios públicos”.

RTVE, como corporación pública, se financia principalmente a través de la concesión económica blindada en los Presupuestos Generales del Estado (alrededor de 500 millones de euros) y, por otro lado, de una parte de las tasas que pagan las operadoras de telefonía, los grupos audiovisuales tanto en abierto como de pago (otros 600 millones).

Los grupos Atresmedia y Mediaset España contribuyen con un 3% de sus ganancias anuales. Por su parte, Orange, Vodafone, Movistar y Yoigo deben aportar un 0,9% de sus ganancias anuales, y finalmente las cadenas de pago deben aportar un 1,5%. Por lo tanto, las VOD deberían aportar entre el 0.85% y 1,35% de sus ingresos anuales. Se trata -por tanto- de un sistema en el que los competidores que generan contenidos de una notable calidad y variedad tienen la obligación fiscal de engordar los presupuestos de RTVE.

Ahora, y en aplicación de esta nueva modificación con la rebaja a las TELECO por el despliegue de la tecnología 5G, el Gobierno ha decidido cubrir un agujero que puede superar los 100 millones de euros con el asalto a las plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube. Una subida que de manera bilateral puede llegar al bolsillo del cliente al aumentar dichas plataformas el precio en sus suscripciones.