Juan García Vera.- El próximo 4 de julio se instalará en Chile la primera Asamblea Constituyente de su historia, que tendrá el mandato, en el plazo de nueve meses —en principio—, para redactar un nuevo texto constitucional, con miras de reemplazar al vigente que data de 1980, aprobado durante el cenit del régimen militar del general Pinochet.

Por primera vez en su historia, el país tendrá, con un amplio margen de probabilidad, una Constitución redactada por representantes originados en la votación popular, quienes tendrán el trabajo de generar un nuevo pacto social —o Contrato Social como lo llamaba Rousseau— en medio de un país cuyas estructuras políticas y sociales viven un profundo quiebre, acentuado por el brote violento de octubre de 2019, y aderezado por un manejo errático de la peste china por parte del gobierno de Sebastián Piñera.

Es en este peligroso escenario, marcado por un fingido asombro de la derecha política gobernante, en el que se llevó a cabo uno de los procesos electorales más importantes de la historia del país, y especialmente, que definirá el futuro del mismo; es así, como de la convocatoria a las urnas, en los días quince y dieciséis de mayo de este año, fueron electos quienes tendrán a su cargo la importante empresa de redactar una nueva carta fundamental.

Es posible usar la licencia de fingido asombro porque los resultados electorales, cual crónica de una muerte anunciada, fueron recibidos de esa manera por el gobierno y por la clase política actual, puesto que, en esos dos días, el mapa político del país tuvo el mayor cambio desde el retorno a la democracia.

La derecha política —actualmente en el poder ejecutivo—, ingenuamente esperaba ganar al menos 53 escaños de los 155 totales de la convención, y así poder usar un poder de veto en minoría, dada la necesidad que los acuerdos de esta convención deben ser aprobados por las dos terceras partes de sus integrantes, apenas alcanzó 37 escaños.

Más atrás la antigua Concertación por la Democracia —que gobernó el país durante 24 años ininterrumpidos— con bastante ayuda y empuje alcanzó unos 25 convencionales constituyentes. Mientras que por un lado, los partidos políticos tradicionales fueron los grandes perdedores de esta contienda, por la otra, nuevas fuerzas políticas, ideológicamente peligrosas, tomaron fuerza, y con gran posibilidad, marcarán la pauta del proceso constituyente.

Para entender el complejo escenario que representa la Convención Constituyente, es necesario retroceder en el tiempo hasta los días 14 y 15 de noviembre de 2019 —un mes después del brote violento de octubre del mismo año— los partidos políticos tradicionales, entiéndase el Partido Socialista (PS), Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia (PPD), y otras fuerzas minoritarias por el lado de la oposición, y los partidos de Chile Vamos, actual coalición de gobierno, conformada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli, celebraron una serie de encuentros y reuniones, muchas de ellas entre gallos y medianoche, en el edificio del Antiguo Congreso de la República. Había la necesidad urgente de encontrar una solución consensuada a la enorme crisis social que vivía el país, que ya amenazaba con creces la estabilidad política y económica de Chile.

De esas reuniones surgió el llamado “Acuerdo por la Paz”, donde la solución más sencilla para ambos sectores, fue culpar de la crisis a la Constitución Política heredada del régimen militar —modificada unas 256 veces de 1988 hasta la fecha— bajo la errada premisa que así, no tendrían que reconocer la falta de voluntad política y desconexión de quienes habían absorbido el poder político por los últimos treinta años. Dentro de las “brillantes soluciones”, dado que ya se tenía un culpable, surgió como eje de este acuerdo, la redacción de un nuevo texto constitucional, que partiría por la convocatoria al electorado a un referendo, para que este expresare si deseaba o no que se redactare un nuevo texto constitucional.

El punto importante de dicho escenario, es que los otrora poderosos partidos políticos excluyeron de este acuerdo al Partido Comunista, y a una serie de pequeños partidos, que conforman el Frente Amplio (una coalición de pequeños partidos políticos que abarca radicales, anarquistas, ecologistas, humanistas, entre otros), salvo la concurrencia, para la firma, del partido Revolución Democrática, representada aquel entonces, por el hoy precandidato presidencial Gabriel Boric.

Lo demás es historia ya conocida, pues el referendo constitucional planteado originalmente para el mes de abril de 2020, y postergado a octubre siguiente por el alto número de contagiados por la peste china, tuvo un resultado claro y abrumador. Con un ochenta por ciento de participación ciudadana, la opción del apruebo —a la nueva Constitución— se impuso por una proporción ocho votos a dos. Atrás quedaba la opción de rechazar “para reformar” la Constitución actual, dentro de los márgenes que establece la Carta Magna actual, opción que a pesar de tener el apoyo de varios parlamentarios de la derecha más conservadora, nunca pudo conocerse por parte del electorado cuál sería en sí la propuesta de reforma constitucional que planteaban los abanderados del rechazo.

Volviendo a mayo de 2021, un año y medio después de haberse firmado el llamado “Acuerdo por la Paz”, y gracias a un sistema electoral configurado especialmente para este proceso, donde se impusieron escaños reservados para los pueblos indígenas —u originarios— y una mal llamada fórmula de paridad de género, con el fin que, en la Convención Constitucional, hombres y mujeres tuvieren una equitativa en dicho novel órgano. Curiosamente, un sistema concebido para permitir una mayor participación de las mujeres en el proceso de redacción de una nueva constitución dejó por fuera a 11 mujeres, las que fueron sustituidas por hombres, con mucha menor votación, todo en aras de la “igualdad de género”.

También, se incluyó en la fórmula, para elegir a los convencionales, la posibilidad que ciudadanos “independientes”, que no tuvieren militancia política en algún partido, formaren pactos o listas, sin la formalidad de constituirse en partidos políticos, lo que junto a la paridad de género, resultaron novedades absolutas en los procesos electorales chilenos. Lo primero gatilló a una masiva inscripción de grupos, colectivos, frentes y movimientos, bajo esquemas de listas que competirían a la par, y en condiciones de igualdad, con los partidos políticos constituidos.

Estás fórmulas electorales, que podrían mirarse desde otra arista como verdaderas triquiñuelas, permitió la irrupción en los resultados electorales de la llamada “Lista del Pueblo”, un movimiento político de corte antineoliberal, antisistema, y entre su valórica una mezcla de trotskismo, marxismo y xenofobia, que resulta aberrante, y que persigue, como máxima, la desaparición de cualquier institución del Estado Liberal chileno, caracterizado por una amplísima libertad económica. Esta formación, encabezada por líderes negativos de los brotes violentos de octubre de 2019, tiene como claro objetivo la transformación del Estado en un superpoder al servicio de la ideología de la izquierda más extrema, a fines “de garantizar una justa repartición de la riqueza”, aunque curiosamente en ninguno de sus postulados, declaraciones de principios y pasquines políticos se indica como generarán la riqueza que “pretende repartirse justamente”.

A los 26 constituyentes de la Lista del Pueblo, que por sí solos, no representarían una mayor fuerza dentro de la convención constituyente, se le deben sumar los 28 convencionales constituyentes de la lista Apruebo Dignidad, conformada por el Partido Comunista de Chile y por muchos de los pequeños partidos del Frente Amplio. Dicen que lo evidente no necesita anteojos, pero al parecer nadie, logró percatarse a tiempo, que cerca de un tercio de los miembros de la convención constitucional, unos 54 constituyentes no provienen de las organizaciones que suscribieron, ni están obligados por el “Acuerdo por la Paz” de los partidos políticos tradicionales.

Pero, aún falta un elemento a esta ecuación que deja dominada la Convención Constituyente por la izquierda más radical, los 17 escaños reservados a los pueblos originarios, dominados por organizaciones indigenistas de corte antisistema, antiliberalismo y especialmente de corte izquierdista. De las organizaciones indígenas destaca la participación de diversos miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización de corte terrorista que apela a la defensa de los derechos del pueblo mapuche, para cometer impunemente crímenes deleznables, siendo la más representativa, la presencia en la Convención de Francisca Linconao, machi (guía espiritual) mapuche, con una evidente participación no aclarada en el asesinato del matrimonio Lucksinger-McKay, acaecido en la Araucanía chilena.

Y así, ante el ojo incrédulo de una clase política enclaustrada en sus privilegios, dominada por una enorme desconexión de la realidad, y apartada de los cambios que vivía el país, la izquierda más radical y peligrosa, se hizo con prácticamente el control de la mitad de los escaños del Órgano que redactará el nuevo texto constitucional chileno, dominada por personas cuya visión política rompe con más de doscientos años de historia republicana de Chile, de manos de quienes pretenden arrasar con el “neoliberalismo chileno”. Continuará…

Juan García Vera
Juan García Vera