Copia de la denuncia.

El partido Alianza Cívica ha presentado denuncia hoy contra Vox ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, administración desleal, financiación ilegal y organización criminal.

Los demandantes señalan que los hechos y pruebas que se recogen en la denuncia han sido gracias a la información transmitida por “particulares, cargos y ex militantes indignados con su gestión”, lo que a su juicio probaría los presuntos delitos reseñados.

Se acompaña la denuncia con testificales de ex altos cargos de la formación y 19 contundentes anexos de prueba documental. Entre los supuestos hechos que Alianza Cívica cree probados destacan “graves inconsistencias” en las contabilidades nacional y provinciales del partido, mensajes de dirigentes reclamando sobres con dinero recaudado en donaciones, así como pruebas de un posible falseamiento del número de afiliados que, en opinión de los querellantes, justificaría ingresos de procedencia desconocida disfrazados de cuotas.

Se presentan asimismo facturas sin CIF ni registro “con las que Vox cargaría a cuenta de sus cargos locales los gastos de sus actividades y mercadotecnia, que venderían además en contra de lo estipulado en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y emplearían para un presunto fraccionamiento de donaciones o el anómalo alquiler y reforma de su antigua sede central”. Detallan que el inmueble es propiedad de la empresa de su vicepresidente primero, a cargo de las cuentas del partido, para su posterior realquiler al instituto afín a la política francesa Marine Le Pen.

Alianza Cívica señala que inicia este proceso “con la firme determinación de poner luz y taquígrafos a la impunidad de la que gozan los partidos políticos tras el parapeto de las insuficientes y obscuras leyes con las que ellos mismos se regulan y promulgan en nuestro nombre, pero sin nuestra voz, en nombre de la democracia”.