El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no tiene intención de cumplir su promesa de vacunarse en público. Ahora se ha empeñado en no prorrogar el estado de alarma, a extinguirse el 9 de mayo, poniendo a los pies de los caballos a las autonomías sin haberlas dotado de otros instrumentos legales para aprobar las restricciones que la situación sanitaria va a seguir exigiendo. Dice que tienen capacidad para imponer cierres perimetrales, manejar toques de queda y limitar movimientos, pero conoce que todas estas medidas dependen de los tribunales de justicia correspondientes, que ya en el pasado las aceptaron o las rechazaron, dejando indefensos en estos últimos casos a los gobiernos regionales. Una temeridad. Una más de Pedro Sánchez.

A finales del pasado año, Sánchez aseguró que España estaba “preparada” para la vacunación contra la Covid-19, y se ofreció a vacunarse públicamente para aumentar la confianza de los ciudadanos.

“Estamos ante el principio del fin pero no podemos bajar la guardia. Tenemos la estrategia de vacunación preparada. En estas navidades regalémonos seguridad”, pidió Sánchez en una entrevista en Telecinco.

Además, el presidente del Gobierno se ofreció “sin ninguna duda” a “vacunarse públicamente, no solo como presidente, sino como ciudadano”, para que ese 55,2% que desconfía y dice que no va a vacunarse inmediatamente cambie de opinión.

“Van a contar con todas las garantías y seguridad”, subrayó entonces.

No parece que Sánchez tenga previsto testimoniar su creencia en las vacunas con el ejemplo. Ni él ni nadie de su entorno. Descartada por consiguiente la prometida vacuna con luz y taquígrafos para dar tranquilidad a los españoles, queda saber las razones de la “rajada” presidencial.

Puede que en su decisión haya pesado informes como uno reciente del Gobierno británico, según el cual se han registrado más de mil muertes en el sistema oficial de notificación de efectos adversos de las vacunas, con más de 700.000 reacciones. Se cree que estas cifras podrían ser muy superiores, ya que muchos desconocen el sistema de tarjetas amarillas [o pasaportes de vacunación] para informar de los efectos secundarios.

En un comunicado, Médicos por la Ética de Covid dijo: «Los individuos inmunocompetentes están protegidos contra el SARS-CoV-2 por la inmunidad celular. Por tanto, no es necesario vacunar a los grupos de bajo riesgo. Para los individuos inmunocomprometidos que enferman de COVID-19 existe una serie de tratamientos médicos que han demostrado ser seguros y eficaces. Por lo tanto, vacunar a las personas vulnerables es igualmente innecesario.

«Las vacunas contra el Covid-19 carecen de un mecanismo de acción viable contra la infección de las vías respiratorias por el SARS-CoV-2. La inducción de anticuerpos no puede prevenir la infección por un agente como el SARS-CoV-2 que invade las vías respiratorias. Además, ninguno de los ensayos de vacunas ha aportado pruebas de que la vacunación impida la transmisión de la infección por parte de los individuos vacunados; por tanto, instar a la vacunación para «proteger a los demás» no tiene ninguna base.

«Las vacunas también son peligrosas tanto para los individuos sanos como para los que padecen enfermedades crónicas preexistentes, por razones como las siguientes: riesgo de alteraciones letales y no letales de la coagulación de la sangre, incluyendo trastornos hemorrágicos, trombosis en el cerebro, derrames cerebrales y ataques cardíacos; reacciones autoinmunes y alérgicas; potenciación de la enfermedad dependiente de los anticuerpos; e impurezas de las vacunas debido a una fabricación apresurada y a normas de producción no reguladas.

«El cálculo de riesgo-beneficio es, por tanto, claro: las vacunas experimentales son innecesarias, ineficaces y peligrosas. Los responsables de autorizar, coaccionar o administrar la vacuna experimental COVID-19 están exponiendo a la población y a los pacientes a riesgos médicos graves, innecesarios e injustificados».