El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cierra la puerta de forma tajante a la posibilidad de indultar a los políticos independentistas en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017. En la rueda de prensa que ha dado este martes, a modo de balance de su primer año de gestión, Sánchez ha subrayado que “es importante superar episodios aciagos” que “sonrojan” y ha reconocido que ante lo que ocurrió en Cataluña durante el proceso soberanista “nadie está libre de culpa” y “todos hemos cometido errores”.

También ha añadido que el Gobierno “no ha escondido sus intenciones” y “apuesta claramente por el reencuentro, la reconciliación y la convivencia en Cataluña”. Por eso ha sugerido “aprender” de los errores cometidos y mirar “hacia adelante” para encontrar un espacio de encuentro. Eso es, en su opinión, por lo que “van a apostar” los ciudadanos catalanes en las próximas elecciones autonómicas del 14 de febrero, por “superar esta etapa tan dramática que se ha vivido y apostar por un futuro compartido”.

Sánchez cambia su postura como candidato

Sánchez ha dado un giro de 180º a su discurso entre la campaña de las elecciones de noviembre de 2020 y ahora. En las semanas previas a las elecciones generales del 10-N, Sánchez se mostró partidario de que “el acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reiteró, su íntegro cumplimiento”, añadiendo que “Nadie está por encima de la ley y todo estamos obligados a su cumplimiento”. Dejando una puerta cerra a unos indultos que ahora mismo pueden estar más cerca que nunca. También, el 14 de octubre del pasado año, Sánchez reivindicó que los golpistas condenados por el Tribunal Supremo deberían cumplir de forma íntegra sus penas.

La cuestión catalana vuelve al centro del debate político

Parece que el conflicto catalán está llamado a tener el mismo protagonista en este inicio de año que hace doce meses, cuando en medio del retoque de los últimos detalles para la formación del Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se coló la situación de los políticos independentistas en prisión, ocupando gran parte de las portadas de los días previos y posteriores a la formación del Gobierno de coalición.

En los últimos doce meses hemos vivido varios capítulos relacionados con la situación de Oriol Junqueras y los otros once condenados por el Tribunal Supremo. Pero en esta recta final de 2020 parece que el asunto vuelve a coger calado político.

A las palabras de Sánchez de este martes se suman las pronunciadas por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en las que reconoció que los indultos son posibles en contra del criterio establecido por la Fiscalía, dejando su competencia en manos únicamente del Consejo de Ministros. Sobre este asunto, el presidente socialista sí que ha mostrado cautela y ha indicado que esperará a que el documento llegue a la mesa de su despacho para analizarlo y pronunciarse al respecto.

Por su parte, el ministro y voz autorizada del PSOE, José Luis Ábalos también se mostró partidario de normalizar la situación con el ala independentista catalana para acercar posturas: “El Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación de aliviar tensiones que pueden dañar la convivencia”.

En medio de este entramado político, la Fiscalía del Tribunal está revisando estos días los detalles del expediente con el que mostrará su rechazo al indulto de Oriol Junqueras y el resto de los políticos independentistas, colocándose de forma frontal a las presiones que se ejercen desde la Fiscalía General del Estado dirigida por Dolores Delgado.

Los condenados, para los que se ha pedido esta medida de gracia, fueron condenados por fallo unánime del Gobierno a 99 años de cárcel. La pena más alta fue aplicada a Oriol Junqueras, líder de la formación ERC, que en la actualidad es una de las principales fuerzas de apoyo para el Gobierno de Sánchez y gracias a la cual ha podido sacar adelante algunas medidas tan importantes como los Presupuestos Generales del Estado. Sobre su papel en el Ejecutivo, junto al de EH-Bildu, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reconocido que es fundamental que esté dentro de la “dirección del estado”, hecho que se traduce en un nuevo guiño a los políticos independentistas.

El ministro Campo ya anunció la intención del Gobierno

Fue pocos días después del inicio del curso político y como pistoletazo de salida a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En aquellas declaraciones en la Cámara Baja, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, explicó que el Gobierno tenía en su agenda impulsar la reforma de la sedición antes de final de año. Más tarde, y ante el revuelo generado por su discurso, Campo seguía defendiendo su postura señalando que su ministerio daba “cumplimiento a la ley”. Todo ello se produjo días antes de que se conociera la ausencia del Rey en Barcelona para la entrega de despachos a los nuevos jueces, abriendo un nuevo capítulo de crisis entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de coalición.

En ese momento, Carmen Calvo subrayó que las declaraciones de Campo no eran un guiño a los socios independentistas del Gobierno, sino una simple voluntad de “normalizar y desatascar el laberinto catalán”. Otra muestra más de acercamiento tras la creación de la mesa de negociación que se formó en enero y que a causa de la pandemia tuvo que ser suspendida. A estas cuestiones se unen otras, ejecutadas desde la Fiscalía General del Estado dirigida por Dolores Delgado. En esta ocasión, en el verano de este 2020 conocíamos las intenciones de la Fiscalía de convertir el delito de rebelión en sedición.