La Fiscalía de Málaga ha formulado escrito de acusación contra el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, por la comisión de un delito electoral en los últimos comicios municipales y al Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019, donde revalidó la Alcaldía de esta ciudad de la Costa del Sol para el PSOE.

Según cuenta ABC, en el escrito presentado, el regidor socialista escribió en sus redes sociales aquella mañana un mensaje en el que animaba a votar al PSOE, algo que está prohibido. El alcalde ya declaró por este tema, tras la denuncia de un particular, en el juzgado de guardia de Torremolinos.

Fue la Junta Electoral Provincial la que le requirió «bajo apercibimiento de desobediencia» para deducirle testimonio, a fin de saber si los mensajes que publicó en las redes sociales aquella mañana eran constitutivos de delito. La causa acabó en el Juzgado de Instrucción 2 de Torremolinos, donde la fiscal encargada del caso presentó su escrito de acusación el 28 de octubre.

Según la fiscal, el alcalde publicó sobre las 8.00 horas de esa mañana electoral un mensaje en Twitter y Facebook. «¡Buenos días! Hoy jornada electoral te pido el voto para el PSOE en las europeas y las municipales, para consolidar el crecimiento y la transformación que iniciamos hace cuatro años en Benalmádena y que queremos trasladar a Europa. Vota PSOE».

Por estas palabras, el alcalde se enfrenta a la acusación de delito electoral. La Fiscalía pide una sanción de 15 euros al día durante quince meses, lo que se traduciría en unos 6.700 euros por incumplir la imparcialidad de la jornada electoral y pedir el voto cuando no se podía. Además, solicita que se adopten las medidas necesarias para garantizar las responsabilidades pecuniarias.

Por último, para el acto de juicio oral, el Ministerio Público pide al juzgado que lleve a cabo una serie de diligencias, a fin de aclarar lo sucedido. Primero solicita que el alcalde sea interrogado como acusado. Luego una testifical del denunciante y, por último, que se examinen los documentos aportados a la causa. Práctica de diligencia que se piden llevarlas a cabo para aclarar si el alcalde cometió el delito del que se le acusa.