LDD.- Horas antes de que arrancasen las elecciones presidenciales en persona oficialmente, cada vez son más las dudas acerca de la modalidad del voto por correo que estuvo siendo empleado a lo largo de todo octubre, impulsada fervientemente por el Partido Demócrata a nivel nacional, que podría llegar a amenazar la integridad del sistema electoral estadounidense y causar un caos a nivel nacional.

El grupo periodístico Project Veritas, que reveló maniobras de fraude y compra de votos articuladas por el Partido Demócrata en la comunidad somalí del Estado de Minnesota semanas atrás, volvió a la carga con una nueva investigación que devela otro masivo esquema de fraude electoral, pero esta vez en el Estado republicano de Texas.

La investigación cuenta con una cámara oculta realizada a Raquel Rodríguez, señalada como una recolectora profesional de votos en ausencia y por correo.

En el video se puede observar como Rodríguez persuade a ciudadanos jubilados y retirados para que voten por los candidatos del Partido Demócrata a cambio de una remuneración o a partir de ciertas promesas.

Esta práctica, empleada por una operadora demócrata, muy común en países tercermundistas donde se los apoda “punteros políticos”, es extremadamente ilegal en el Estado de Texas y a nivel federal, y pueden resultar en entre 10 y 50 años en prisión.

En la cámara oculta, Rodríguez asegura poseer miles de votos electorales que ha ido recolectando de los distintos vecinos de la zona. Su estrategia se reduce a tratar de comprar el voto de la persona, y si ésta se niega, ofrecerse para llevar el correo con la boleta ya votada, pero antes de depositarla en el correo revisarla: si contienen el voto por el presidente Donald Trump, alterarla para que así sean anuladas a la hora del recuento de votos.

Más allá de que modificaron una boleta ya emitida es un delito también a nivel estatal y federal, en el Estado de Texas la recolección de votos es un método que solo está permitido para aquellos que sean familiares directos del votante en cuestión.

Otra de las prácticas que está penada tanto por la ley federal como por la ley estatal y que Rodríguez realiza es la de hacer regalos de comida y otros productos básicos a ciudadanos de tercera edad con el objetivo de influenciar su voto, delito que puede ser penado con hasta 5 años de prisión.

El caso de Rodríguez tiene su particularidad, ya que ella trabaja como asesora del candidato a diputado por el Partido Republicano, Mauro Garza, por lo que no es de extrañar que incluso muchas agrupaciones alineadas a los republicanos estén traicionando al presidente Trump para recolectar votos a favor de los demócratas a cambio de una remuneración o un cargo político.

En las evidencias videográficas proporcionadas por Veritas, se puede observar como Rodríguez aseguraba que el candidato Mauro Garza no estaba al tanto de sus actos ilegales.

Sin embargo, Veritas también constató que Garza se encargó de proveer el dinero que Rodríguez había presupuestado para cometer dichos actos ilícitos atentando contra su propio Partido. Los pagos que Garza le extendió a Rodríguez eran anteriormente de 5.000 dólares, los cuales se incrementaron a 8.000 dólares debido a que le estaba tomando más trabajo.

Estos candidatos republicanos pertenecen a la facción apodada “never trumpers”, que a pesar de apoyar al Presidente públicamente para llegar al poder, por detrás rechazan la figura de liderazgo de Trump y prefieren un Partido Republicano más moderado y dialogante con los demócratas.

Estos candidatos a su vez trabajan codo a codo con los demócratas. La asesora de Garza, cuando fue consultada acerca de cuántos votos podía conseguir para la candidata demócrata a senadora Mary Hegar y por Joe Biden, aseguró que podía conseguir al menos 5.000 votos para la boleta demócrata por un costo de $55.000 dólares, obviamente a través de métodos ilegales.

Cuando Mauro Garza fue interceptado en un acto de campaña del Partido Republicano por el equipo investigativo de Project Veritas, el candidato se mostró evasivo a las preguntas y presentó una actitud de desconocimiento de la situación. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, se empezó a mostrar más confrontativo y hasta llegó a decir que ”debía entrenar a los medios”.

La investigación de Veritas fue más allá y también demostró que en este entramado de corrupción en Texas hay jueces que demandan figurar en las listas a cambio de una compensación monetaria.

Jueces como Renee Yanta (republicana) y Nicole Garza (demócrata, mujer de Mauro) le pagaron a Raquel Rodríguez una suma de 3.500 dólares para que ella se asegure que sus nombres figuran en las boletas electorales este 3 de noviembre. Los jueces distritales necesitaban cierto nivel de aprobación de los votantes antes de entrar a la boleta y la puntera lo logró.

Otra persona implicada en el sistema fraudulento de Mauro Garza y su empleada es una mujer de nombre Joanne Ramón, quién, en elecciones pasadas, se aprovechó de su trabajo como administradora de un cementerio para falsear los reportes y hacer que figure el voto hacia el Partido Demócrata de más de 100.000 personas ya fallecidas.

Ramon fue llamada a declarar por el Procurador General del Estado de Texas y se mostró confundida y evasiva con las preguntas que se le proporcionaron.

Cuando el equipo periodístico de Veritas intentó entrevistar a Ramon, ella negó cualquier relación con Garza o Rodríguez a pesar de que hay evidencia videográfica publicada que muestra cómo Rodríguez ”ayudó” a Ramón a rellenar su papeleta electoral.

Debido a las repercusiones de la investigación, todo el equipo de Veritas recibió amenazas de muerte por parte de una persona llamada Zoltan Konder, quien se menciona a sí misma como el fundador de la organización Human Rights Foundation.

Este escandaloso caso no hace más que constatar que, en las filas del Partido Republicano, se encuentran varios funcionarios y candidatos que trabajan para que las próximas elecciones sean favorables a Joe Biden, mostrando así la profunda infiltración de la izquierda en el sistema estadounidense.