Steven Bannon, que fue detenido este jueves acusado de defraudar cientos de miles de dólares a personas que donaron fondos para la construcción del muro en la frontera con México, fue puesto en libertad poco después de aprobar un juez de Manhattan el pago de una fianza de 5 millones de dólares.

Bannon, que se declaró no culpable, salió de los tribunales del distrito sur de Nueva York, en Manhattan, sobre las 6.30 de la tarde y fue recibido por una nube de periodistas, así como por ciudadanos que gritaban «¿dónde está el dinero?» y «¿cómo está yendo ese muro?».

El antiguo consejero de Trump, despedido de la Casa Blanca por filtrar información confidencial, fue arrestado en Connecticut mientras se encontraba en un yate del millonario chino Guo Wengui. Luego fue puesto en libertad después de aprobar el juez Stewart Aaron una fianza de 5 millones de dólares, que también impuso restricciones de viaje que significan que Bannon no podrá trasladarse al extranjero, ni usar aviones privados o barcos sin el expreso permiso del magistrado.

Bannon, cuya próxima comparecencia ha sido fijada para el 31 de agosto, deberá suspender también la recaudación de fondos que había emprendido con otros tres socios, Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea, que también han sido imputados bajo las acusaciones de fraude y blanqueo de dinero.

La fianza deberá estará garantizada por el pago de 1,7 millones de dólares en efectivo o en propiedades por parte del afectado y otros avalistas.

Según los fiscales, Bannon y otros tres acusados orquestaron una trama para desviar dinero recaudado en el marco de la campaña «We Build the Wall» («Nosotros construimos el muro», en inglés), que recaudó más de 25 millones de dólares.

La iniciativa prometió que todos esos fondos se destinarían a financiar la gran promesa electoral de Trump, pero esas afirmaciones eran «falsas», apunta el documento de acusación presentado ante un tribunal federal de Nueva York.

«En realidad, (…) los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares que usaron de forma inconsistente con las manifestaciones públicas de la organización», señala el escrito de la Fiscalía.

El polémico exasesor, que dejó la Administración en 2017 y ha colaborado con formaciones como Vox, está imputado con un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de conspiración para el blanqueo de dinero, dos delitos que pueden acarrear penas máximas de 20 años de cárcel cada uno.